martes, 30 de agosto de 2016

DESAPARICIONES FORZADAS

DESAPARICIONES FORZADAS
Por Armando Maya Castro


Hoy es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, declarado como tal mediante la Resolución 65/209, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 21 de diciembre de 2010.

¿Pero qué es una desaparición forzada? La “Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas”, proclamada por la Asamblea General en su resolución 47/133, el 18 de diciembre de 1992, señala que se producen desapariciones forzadas siempre que “se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley”.

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, conviene que nos preguntemos: ¿cómo estamos en México en la materia? Dejemos que nos lo diga la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (OACNUDH), quien aseguró, a finales de agosto del año 2014, que nuestro país enfrenta una situación crítica en materia de desaparición de personas. El organismo en cuestión se refirió no sólo a las desapariciones que han tenido lugar en el sexenio actual y en el anterior, sino también a las desapariciones forzadas que se produjeron en los años 60, 70 y 80, casos que siguen sin esclarecerse y, lo que es peor, en la más completa impunidad.

Tan mal estamos en la materia que, hoy por hoy, México no cuenta con una base de datos confiables y actualizados que nos permitan determinar el número de desapariciones forzadas “imputables a las autoridades del Estado y distinguirlos de aquellos que son responsabilidad de particulares”, señaló el 27 de agosto de 2015 el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.

Los números son altamente alarmantes: en la administración de Felipe Calderón Hinojosa fueron documentadas alrededor de 12 mil 500 desapariciones forzadas. Las cosas no han mejorado en el actual sexenio, en el que, de los 23 mil 605 casos de desapariciones documentadas en el Registro de Personas Extraviadas, el 40% corresponden a la administración de Enrique Peña Nieto, advirtió hace unos meses el dictamen de la Cámara de Senadores.   

Respecto al tema, Amnistía Internacional (AI) acusa al gobierno federal mexicano de “mantener el empleo de las desapariciones forzadas, con el propósito de perseguir a minorías étnicas o de acallar y disolver a grupos opositores a sus objetivos”. Este proceder ilegal viola varios tratados internacionales de los que México es parte, que imponen la obligación de tomar medidas legales, administrativas y sociales que resulten necesarias para prevenir, sancionar y erradicar este tipo de desapariciones.

El cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos contribuirá a poner fin a este tipo de prácticas, evitando al mismo tiempo la angustia e incertidumbre de los familiares de los desaparecidos. Los mexicanos no queremos que se vuelva a repetir el drama de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quienes viven un sufrimiento indescriptible por no saber el paradero de sus hijos, desaparecidos la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero.

Todo lo que las autoridades mexicanas han hecho para poner fin a las detenciones forzadas y a las violaciones a los derechos humanos que acompañan a éstas, ha sido un fracaso. La anterior aseveración no es de quien esto escribe, sino de Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Aquí sus palabras: “‘frente a estos fracasos’, es que se han alzado familiares y colectivos de la sociedad civil, que asumiendo enormes riesgos han levantado su voz para exigir justicia y verdad, con el fin de que las autoridades responsables rindan cuentas y puedan saber dónde están sus seres queridos” (La Jornada, 01/07/2016).

Para salir de este estancamiento, los mexicanos tenemos el deber de trabajar más y mejor en la protección de los derechos humanos, lo que nos permitirá erradicar paulatinamente las desapariciones forzadas, un ultraje contra la dignidad humana, que viola entre otros derechos el derecho a la libertad, a la seguridad de la persona y a la vida.


Twitter: @armayacastro

viernes, 26 de agosto de 2016

LA NOCHE DE SAN BARTOLOMÉ

Por Armando Maya Castro

Representación de la Matanza ocurrida en San Bartolomé, de François Dubois

Ayer se cumplieron 444 años de uno de uno de los acontecimientos más espeluznantes en la historia de la humanidad: la Noche de San Bartolomé, un acto de crueldad que, en nombre de la religión, segó la vida de miles de protestantes en la ciudad de París, Francia. 

La barbarie de la noche del 24 de agosto de 1572 ocurrió en el marco de las llamadas guerras de religión que libraron católicos y hugonotes entre los siglos XVI y XVII. Al hablar sobre este lamentable suceso, no podemos calificarlo como el triunfo de una religión determinada, sino como el triunfo del fanatismo, la sinrazón y la brutalidad. 

Para entender lo ocurrido aquella terrible noche necesitamos remontarnos a los inicios del siglo XVI, cuando el calvinismo comenzó a tener un impacto importante entre los miembros de la nobleza, las clases intelectuales y la clase media de Francia. Fue justamente en las esferas antes mencionadas donde el pensamiento religioso de Juan Calvino empezó a ser determinante para la fundación del movimiento calvinista en Francia, el cual gozó, desde el principio, de la protección de la reina de Navarra, Margarita de Angulema, y de su hermano el rey Francisco I de Francia. 

La protección de este monarca representó un bálsamo temporal para los protestantes franceses, llamados despectivamente “hugonotes” por celebrar sus reuniones al pie del monumento en honor del rey Hugo, fundador de la dinastía de los Capeto. Ya sin el amparo real, los hugonotes fueron hostilizados por una mayoría católica que “perturbaba con afrentas sus sepelios y funerales”, dándoles “el mismo trato que a brujas y herejes”, refiere el historiador Viet Valentín.  Este trato cruel en agravio de los protestantes continuó bajo el reinado de Enrique II, quien contrajo nupcias, en 1533, con Catalina de Médicis, considerada por muchos como el verdadero cerebro de este “pasaje desafortunado”.

En 1563, el almirante Gaspard de Coligny, líder de los “hugonotes”, logró la firma del Tratado de Amboise, consiguiendo –según pensaba– cierto grado de libertad religiosa. Años después, específicamente en 1570, conquistó condiciones muy propicias en el Tratado de Saint-Germain-en-Laye, un convenio que puso fin a la tercera guerra de religión. Este último tratado produjo en la mayoría de los protestantes una confianza excesiva, sin imaginar las maquinaciones de Catalina, quien se valió del matrimonio de su hija Margarita de Valois con el príncipe protestante Enrique de Navarra, para asestar un golpe definitivo a la causa protestante.

En 1570, Catalina y su hijo hicieron creer a los protestantes franceses que las diferencias religiosas entre católicos y hugonotes habían sido superadas. El matrimonio, y la firma del tratado antes que garantizaba libertad de cultos en el reino, eran en teoría la mejor prueba de ello. El error más grande de los calvinistas consistió en haber creído a pie juntillas que los católicos respetarían la validez de dicho convenio, sin sospechar que se trataba de una trampa que tenía el despiadado propósito de liquidarlos de un solo golpe. 

Todo estaba ideado para que, al darse cierta señal, los soldados masacraran a los protestantes en diversos puntos de la ciudad. El primero en caer fue Coligny, cuyo cuerpo fue mutilado y arrastrado por las calles de París durante tres días, colgándole finalmente por los pies en las afueras de la ciudad. 

De París, la carnicería se expandió inmisericorde a todos los rincones del reino, en donde fueron masacrados sin piedad miles de protestantes. Los relatos sobre esta encarnizada matanza son espeluznantes: los  niños eran colgados del cuello de sus padres, que morían abrazando con ternura a sus hijos. La participación de los laicos católicos era intensa, así como la de varios sacerdotes que “sosteniendo el crucifijo en una mano y una daga en la otra, corrían hacia los cabecillas de los asesinos, y los exhortaban enérgicamente a no perdonar ni a parientes ni a amigos”, refiere John Foxe en el Libro de los Mártires. 

Como en todos los acontecimientos históricos, hay autores que le restan importancia a la matanza calculando en 2 mil el número de víctimas; otros por su parte la magnifican, afirmando que fueron 100 mil los protestantes asesinados. Pero más allá del número de personas asesinadas, lo cierto es que se trató de “un acto diabólico de sanguinaria brutalidad”, como lo califica John Foxe en la obra antes mencionada. 

Lo que realmente duele es no poder afirmar que se trata de cosas del pasado, pues la intolerancia religiosa sigue siendo una amenaza latente para la paz del mundo y la seguridad de las personas. El mejor ejemplo es el proceder sanguinario de las organizaciones terroristas que, en nombre de la religión, siguen acabando con muchas vidas inocentes en varias partes del mundo. Estos grupos, así como los líderes políticos y religiosos que usan una agresiva retórica de odio, siguen invocando acontecimientos como los ocurridos en la Noche de San Bartolomé. 


Twitter: @armayacastro 




jueves, 28 de julio de 2016

FRANCIA Y SU REACCIÓN FRENTE AL TERRORISMO

Por Armando Maya Castro
Los ataques a Francia por parte del terrorismo han sido continuos en los últimos años; el último de ellos se registró en una Iglesia católica, donde fue degollado brutalmente un sacerdote (Foto: El Mundo.es).

Francia es la nación europea más golpeada por el terrorismo. Lo ha sido al menos en los últimos cinco años, como lo revela un texto periodístico de ABC.es, publicado este 15 de julio bajo el siguiente título: Cronología de atentados terroristas en Francia. 

Esta nación se da cuenta ahora de lo pernicioso que es el terrorismo, algo que, al parecer, no le preocupaba mucho cuando otorgó refugio y hasta carta de refugiado político a los terroristas fugados de ETA. Procedió así a pesar de saber que esta organización criminal, como declaró José María Aznar en La Entrevista con Sarmiento, se dedicaba a asesinar “por el hecho de pensar distinto, de defender ideas distintas, de tener planteamientos políticos, intelectuales o sociales distintos" (Líderes, Planeta, 2010). Por fortuna, la postura de la Francia de aquellos años duró poco tiempo. 

Pero volvamos al tema de Francia como objetivo del terrorismo yihadista, toda vez que ese país ha sido golpeado nuevamente por el autodenominado Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en ingles). El pasado martes en una iglesia de Normandía fue asesinado violentamente el sacerdote católico Jacques Hamel de 84 años de edad, a quien los yihadistas obligaron a arrodillarse y le degollaron mientras lo grababan. Este lamentable caso, en el que resultó gravemente herida otra persona, se une a la lista de ataques que han hecho de Francia un objetivo de ISIS, la organización terrorista que, inmediatamente después de este suceso, asumió la autoría del ataque. 

Antes de esto, las ciudades de Niza y París habían sido golpeadas sin piedad por el terrorismo de ISIS. El pasado 14 de julio, la muerte sorprendió a más ochenta personas durante los festejos de la Toma de la Bastilla en el paseo de los Ingleses en la ciudad de Niza. En ese lugar, un camión recorrió cerca de dos kilómetros embistiendo a cientos de personas que se hallaban presenciando los fuegos artificiales con motivo de la celebración del Día Nacional Francés, privando de la vida a 84 personas y dejando a cerca de 50 gravemente heridas.

El 13 de noviembre de 2015 tuvieron lugar varios ataques terroristas en la ciudad de París y su suburbio de Saint-Denis. Los medios de comunicación informaron que los atacantes suicidas usaron bombas, ametralladoras y cinturones explosivos, dejando un saldo de 137 muertos y 415 heridos. Las víctimas, como usted bien sabe, eran todas inocentes, es decir, ajenos a la lucha de las autoridades francesas contra “el terrorismo, el fundamentalismo y el fanatismo”, razón por la cual Francia está siendo atacada, declaró recientemente el presidente Francois Hollande. 

Antes de referirme al atentado contra el semanario satírico francés Charlie Hebdo, ocurrido el 7 de enero de 2015 en la capital francesa, me referiré a la lucha de Francia contra el terrorismo, una lucha en la que se han cometido varios excesos. El más reciente tuvo lugar el pasado 19 de julio, y fue motivado por un deseo de venganza. Lo anterior fue revelado por Bashar Al-Yafari, quien señaló que Francia quiso castigar el ataque en Niza, pero calcularon mal: "La Fuerza Aérea francesa bombardeó la localidad y causó múltiples víctimas: dos veces más que las que murieron en el ataque de Niza. El presidente francés quiso vengarse de lo sucedido allí y mató a 164 civiles", declaró el representante permanente de Siria ante las Naciones Unidas (ONU). 

Entiendo perfectamente bien que es de humanos errar, como también es de humanos fallar en los cálculos bélicos. El problema es que este mal cálculo francés priva de la vida a decenas de inocentes, con el agravante de que el autor de estas muertes es un gobierno legítimamente establecido, no un grupo criminal que actúa al margen de la ley. Pero como decía Max Stirner: “El Estado llama ley a su propia violencia, y crimen a la del individuo”. 

El ataque contra Charlie Hebdo, un semanario que publica, desde hace varios años, caricaturas satíricas en torno de Mahoma, el fundador del Islam, acabó con la vida de 12 personas, entre ellos el director, cartonistas y reporteros de la publicación satírica. Hollande señaló entonces que los trabajadores de dicho semanario representaban la libertad de expresión, un valor que la República seguirá defendiendo, prometió el mandatario francés, quien en un segundo pronunciamiento afirmó que Francia “ha sido atacada por su ideal de justicia, democracia y libertad de expresión”. 

En aquellos días señalé en este espacio de opinión que nada justifica la violencia contra de los medios de comunicación, ni siquiera la sátira de los cartones que algunos medios publican ofendiendo a los líderes religiosos y a las iglesias, algunas de las cuales son conceptuadas, intolerantemente, como sectas que representan un peligro para la unidad de las naciones. 

Lo que debemos aprender del caso es que por el sendero de la venganza y la violencia no encontraremos nunca la solución al problema del terrorismo, sino un distanciamiento de la paz que tanto nos interesa. Para frustrar conspiraciones de grupos terroristas es necesario trabajar más en las estrategias preventivas y dedicar mayor atención y recursos a los servicios de inteligencia. Concluyo recordando las palabras de Martin Luther King al respecto: “La violencia crea más problemas que los que resuelve, y por tanto nunca conduce a la paz”.

Twitter: @armayacastro 


martes, 26 de julio de 2016

EL CASO SAN JUAN CHAMULA, ¿POLÍTICO O RELIGIOSO?

Por Armando Maya Castro


La sociedad mexicana ya no soporta la inseguridad que nos flagela diariamente, un mal creciente que hoy por hoy ha alcanzado niveles alarmantes en varios estados de la República mexicana.

La ola de violencia es el pan nuestro de cada día, esto a pesar de las continuas recomendaciones que nos proporcionan los medios de comunicación y algunas autoridades de gobierno en el sentido de aprender cómo prevenir y reaccionar ente un posible acto de violencia en nuestro agravio.

Las quejas se escuchan diariamente en redes sociales, en las calles, en el hogar, en los restaurantes y demás sitios de reunión, sobre todo cuando nos enteramos de la saña y brutalidad inauditas con que son ejecutadas algunas de las personas que son devoradas por la ascendente espiral de violencia. Las quejas tienen razón de ser si tomamos en cuenta las cifras preliminares que este lunes diera a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI): en lo que va del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto han ocurrido un total de 62 mil 926 homicidios.

Se tiene que reconocer, sin embargo, que existen gobiernos estatales que están realizando acciones serias –aunque no tan contundentes– para frenar la violencia, como también hay entidades donde el triunfo de la impunidad es un hecho innegable. Me refiero a esos estados donde se cometen delitos que no se castigan como marca la ley, tal vez porque así conviene a determinados grupos de poder político.

Uno de los casos más recientes es el de San Juan Chamula, un municipio marcado por la violencia religiosa que, desde principios de los años setenta, han desplegado algunos caciques de varios municipios indígenas tzotziles y tzeltales, quienes han venido encarcelando, expropiando y finalmente expulsando a los evangélicos que se niegan a contribuir económicamente para la celebración de las fiestas patronales, señalan los autores del libro Globalización, resistencia y negociación en América Latina.

Lo ocurrido el pasado sábado en la plaza central de San Juan Chamula, donde fue asesinado y rematado con el “tiro de gracia” el presidente municipal Domingo López González, no puede desvincularse de la cuestión religiosa. Y lo digo porque en dicho municipio se localiza el principal foco de intolerancia religiosa en México, un fenómeno que ha producido innumerables atropellos en agravio de la comunidad evangélica de Chiapas. Los números son contundentes: en poco más de cuatro décadas, cerca de 40 mil evangélicos han sido expulsados con lujo de violencia de sus comunidades.

Sobre este lamentable caso de violencia, el analista político Jorge Fernández Menéndez señala en su columna Razones de este lunes: “es un conflicto político donde intervienen distintos actores que cambian de bando con más facilidad que de ropas. Están involucrados priistas, verdes, zapatistas, católicos y evangélicos, y otros grupos que en realidad, más que de ideologías, defienden intereses personales”.  

En más sobre el caso, el citado columnista agrega: “En la zona, como dijimos, operan zapatistas y existe una profunda intolerancia religiosa entre los católicos ultratradicionales de Chamula, otros grupos católicos más cercanos a la diócesis de San Cristóbal y evangelistas, y todos se reparten entre distintos grupos y partidos políticos. En realidad, muchas de estas luchas están basadas en el control de la venta de bebidas alcohólicas (el pox), refrescos y hasta de velas, que se disputan diversos caciques. Las expulsiones de indígenas de la comunidad por motivos religiosos son constantes y en ocasiones sirven, simplemente, para ocultar disputas por tierras” (Excélsior, 25/07/2016).

Los antecedentes de San Juan Chamula en materia de intolerancia religiosa, así como el puntual análisis de Fernández Menéndez, nos llevan a demandar la inmediata intervención de las autoridades federales, para que se lleve a cabo una investigación profunda de los móviles que produjeron los ya mencionados actos de violencia.

Estará usted de acuerdo conmigo, estimado lector, que la investigación del caso debe ser seria y debe estar dirigida a determinar las causas y la totalidad de los responsables intelectuales y materiales de los hechos, a los cuales, por bien de México, debe aplicarse todo el peso de la ley.
Soy de los que piensan que las autoridades de los tres niveles de gobierno están a tiempo de unir esfuerzos para dar respuesta satisfactoria a una ciudadanía harta de la violencia, que demanda, con justa razón, el fin de la grave crisis de violencia por la que atraviesa nuestro país.

Twitter: @armayacastro




sábado, 23 de julio de 2016

LAS UNIVERSIDADES Y EL ESTADO LAICO

Por Armando Maya Castro
Desde hace tiempo, la UNAM viene realizando un admirable trabajo en materia de defensa del Estado laico. Sería bueno que las demás universidades públicas del país imitaran el ejemplo de nuestra máxima casa de estudios (Foto: Portal UNAM). 

La mayoría de los expertos en materia de laicidad coinciden al señalar que urgen acciones para detener el alud de violaciones al artículo 130 constitucional, el cual establece con absoluta claridad la separación del Estado y las iglesias, un principio histórico que varios políticos de nuestro tiempo han quebrantado, como también han transgredido el artículo 40 de nuestra Carta Magna, que define como “laica” a la República Mexicana.

La propuesta de la UNAM, la máxima casa de estudios del país, que es a su vez la institución de educación superior más importante de México, es en el sentido de que, con un lenguaje sencillo y comprensible para todos, se lleve a cabo un trabajo que “concientice” a la sociedad sobre la importancia de preservar incólume el Estado laico y la educación que en el marco del mismo se imparte. 

Creadora de la Cátedra Extraordinaria “Benito Juárez”, la UNAM organiza a través de dicha cátedra “seminarios, la publicación de textos y la realización de otras iniciativas universitarias como concursos de ensayo o programas de televisión”, todo orientado a fortalecer la cultura de laicidad, un aspecto al que varias universidades públicas del país le han restado importancia. 

En mi opinión, el ejemplo de la UNAM debería ser imitado por todas las instituciones de educación superior, principalmente por las universidades públicas del país, algunas de las cuales parecen trabajar en dirección contraria, favoreciendo con su silencio el proyecto de la jerarquía católica y de la extrema derecha, cuyas acciones pretenden el retorno del Estado confesional, opuesto al Estado laico y a las libertades que de él emanan.

Y ya que hablamos de Estado confesional, conviene recordar a las nuevas generaciones de mexicanos lo que muchos de ellos han olvidado: que en la vigencia del México confesional el monopolio absoluto de lo “religioso” fue de la Iglesia mayoritaria, y que en esos siglos la intolerancia religiosa alcanzó altos niveles de brutalidad y crueldad en agravio de quienes impugnaban el dogma represivo del catolicismo. 

Si las instituciones de educación superior deciden imitar el ejemplo de la UNAM, los políticos contrarios al Estado laico quedarán maniatados para trabajar en modificaciones constitucionales orientadas a favorecer los intereses de poder de los jerarcas de la Iglesia mayoritaria, quienes insisten en que se reformen aquellos artículos constitucionales que les impiden recuperar los privilegios que perdieron cuando Benito Juárez promulgó las llamadas Leyes de Reforma. 


















sábado, 9 de julio de 2016

REFORMAS ESTRUCTURALES Y CREACIÓN DE EMPLEOS

Por Armando Maya Castro
El presidente de México presume la creación de 2 millones de empleos en su administración (Foto: Diario de Coahuila)

Este jueves, el presidente Enrique Peña Nieto celebró en la planta Robert Bosch en Toluca, Estado de México, la creación del puesto de trabajo número 2 millones en los tres años y medio del actual sexenio. Se trata, señaló el primer mandatario de la nación, de una “cifra histórica” nunca antes alcanzada desde que se mide la generación de empleo de manera mensual.  

Durante el anuncio de este supuesto logro sexenal, Peña Nieto echó las campanas al vuelo al señalar a los medios que cubrieron el evento, que en su administración “se han generado más empleos que los que nunca antes en el pasado se había logrado alcanzar”, y añadió que es importante contrastar el número de empleos generados en lo que va de su administración con el pasado, para darle justa dimensión y reconocer esta noticia.

En seguida, el Jefe del Ejecutivo Federal atribuyó esta “buena noticia”–como él mismo la calificó– a las llamadas reformas estructurales, las cuales –dijo– son "el andamiaje, el camino, la autopista por la que el país siga creciendo, mantenga su dinamismo económico y atraiga inversiones productivas" (La Jornada, 7/07/2016). 

En mi opinión, estas reformas siguen sin convencer, esto sin mencionar que han fomentado un marcado desencanto en millones de mexicanos. Me refiero concretamente a la reforma energética, cuyo intento privatizador le ha generado fuertes críticas, mismas que se han multiplicado con los primeros incrementos en el costo de la gasolina y las tarifas de luz, todo en detrimento del bolsillo de los que menos tienen. 

Todo esto se da justo el día en que María de los Ángeles Moreno, ex presidenta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) declarara a conocido diario de circulación nacional que si su partido sigue sin cambiar “el rumbo” perderá las elecciones presidenciales del año 2018. Y agregó la apasionada defensora del Estado laico y de las libertades que de él emanan: el PRI necesita “reivindicar triunfos, pero con la mirada puesta en la ciudadanía”. 

Todos esperamos, por bien de nuestro querido México, que este tipo de voces sean escuchadas y que los políticos de nuestro país, particularmente los del PRI, no caigan en triunfalismos por la cacareada creación de más de 2 millones de empleos que presume Peña Nieto, una cifra que ya empezó a ser cuestionada por algunos columnistas, entre ellos Carlos Fernández Vega, quien señala en su columna de este viernes, publicada en conocido diario capitalino, que el truco principal “es que en los 43 meses referidos por Peña Nieto la demanda de empleo duplicó la creación de plazas formales, es decir, sólo uno de cada dos paisanos en edad y condición de laborar logró un lugar en la formalidad. El resto, al desempleo, la informalidad o el destierro”. 

En lo personal, quisiera que “el truco” que percibe el analista antes mencionado fuera ficción, y que el anuncio presidencial en materia de generación de empleos fuese real. Anhelo de corazón que no estemos ante un logro ficticio, orientado a ocultar la inestabilidad laborar en el país, así como a recuperar a las personas que, por razones de corrupción política, le dieron la espalda al PRI en las pasadas elecciones.

Twitter: @armayacastro

Publicado en la edición impresa de El Occidental, el sábado 9 de julio de 2016

martes, 5 de julio de 2016

¿Y LA PROTECCIÓN DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN?

 Por Armando Maya Castro
Agresiones como las que recientemente sufrió María Meléndrez, fotógrafa de La Jornada, indican que en México falta mucho por hacer en materia de libertad de expresión  (Foto: La Jornada).

Los recientes atentados contra la libertad de expresión nos llevan a preguntarnos, por enésima vez: ¿qué debemos hacer para proteger la libertad de expresión y evitar la violencia contra las personas dedicadas a investigar e informar? La ciudadanía se ha venido formulando esta pregunta desde hace varias décadas, sin que el legislativo haya logrado la creación de leyes efectivas, que fortalezcan la libertad de expresión y pongan fin a los ataques en contra de este derecho humano.

Las bases para la creación de leyes protectoras de la libertad de expresión –que abarca la libre expresión de opiniones y la libertad de informar– fueron puestas en Francia desde hace más de doscientos años. Me refiero a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, proclamada por la Asamblea General francesa, el 26 de agosto de 1789. 

Hablar de esta declaración es hablar del primer documento que reconoce públicamente las libertades de opinión y expresión, tal como lo consigna el artículo 11 del documento en cuestión, el cual dice textualmente: “La libre comunicación de pensamientos y de opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre; en consecuencia, todo ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente, a trueque de responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley”. 

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que estuvo inspirada en la Declaración de Independencia de Estados Unidos (1776), sirvió de base e inspiración a posteriores declaraciones, entre ellas la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948. El artículo 19 de ésta consagró la libertad de expresión en los siguientes términos: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. 

Hace lo propio el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, estableciendo, entre otras cosas, que “Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones”; y que “Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende –agrega– la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”. 

Otros tratados internacionales que protegen esta libertad fundamental son: la Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José); la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, entre otros. 

En el caso específico de México, tenemos como garante de la libre circulación de las ideas y de la información al artículo 6° constitucional, el cual establece que "la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado". 

A pesar del peso e importancia de los tratados internacionales ya mencionados, así como de nuestra Carta Magna, los ataques a la libertad de expresión en nuestro país son el pan nuestro de cada día. Ejemplo de ello es la reciente agresión a María Meléndrez, fotógrafa del diario La Jornada por parte de policías de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Le presentó a continuación el testimonio de la reportera gráfica agredida, quien fotografiaba un operativo policial frente al número 5 de la calle Monte de Piedad, en el Centro Histórico de la Ciudad de México”: “Me jalaban y empujaban entre varios policías para que no tomara fotos, a pesar de que me identifiqué como periodista de La Jornada. Uno llamó a las mujeres policías, quienes también me jalonearon mientras me amenazaban con que me llevarían detenida. Yo les dije que sí, que fuéramos para ver de qué me iban a acusar, porque yo estaba haciendo mi trabajo”, relata la fotógrafa. 

Este lamentable caso nos lleva a levantar la voz para exigir a las autoridades de gobierno una actuación enérgica, que ponga fin al hostigamiento contra la libertad de expresión, así como a la impunidad que rodea a varios de los atentados en agravio del ejercicio periodístico. 

Twitter: @armayacastro