sábado, 8 de abril de 2017

DÍA INTERNACIONAL DE REFLEXIÓN SOBRE EL GENOCIDIO COMETIDO EN RWANDA

Por Armando Maya Castro

Ayer viernes fue un día reflexivo para Rwanda y todos los países, personas y grupos humanos interesados en evitar la repetición de genocidios como el que tuvo lugar hace veintitrés años en ese pequeño país de África Central.   

La resolución A/RES/58/234, aprobada por la Asamblea General el 23 de diciembre de 2003, declara el 7 de abril de 2004 Día Internacional de Reflexión sobre el genocidio cometido en Rwanda. 

A través de la citada resolución, la Asamblea General, “guiada por la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos”, hace un llamado a la comunidad internacional, y “alienta a todos los Estados Miembros, las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales competentes, así como a las organizaciones de la sociedad civil, a que observen el Día Internacional con actos y actividades especiales en memoria de las víctimas del genocidio cometido en Rwanda”. 

Asimismo, “hace un llamamiento a todos los Estados para que actúen de conformidad con la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, a fin de que no vuelvan a repetirse acontecimientos como los ocurridos en Rwanda en 1994”. 

Este 7 de abril, durante la ceremonia de tributo a las víctimas del genocidio ruandés, el secretario general de la ONU, António Manuel de Oliveira Guterres, señaló que el mejor homenaje a las víctimas “es garantizar que crímenes tan monstruosos no vuelvan a ocurrir jamás”. En su mensaje señaló también que “prevenir los genocidios constituye una responsabilidad compartida y un deber central de la organización”. 

Es triste señalar que los esfuerzos orientados a hacer justicia a las víctimas del genocidio no han sido totalmente satisfactorios. Sin embargo, es obligado reconocer que se han logrado varias cosas, entre ellas el encarcelamiento de varios genocidas, aunque no de todos. Lo digo teniendo como base una nota de El País de España, publicada el pasado 6 de abril, la cual señala que "varias decenas de los ‘principales genocidas’ ruandeses viven en Europa, en particular en Francia, a menudo con total impunidad y sin ser molestados por la justicia".

Otro logro es que el papa Francisco haya admitido, finalmente, "los pecados y faltas de la iglesia y de sus miembros, entre ellos sacerdotes, religiosos y religiosas, que cedieron al odio y a la violencia, traicionando su misión evangélica", esto durante el genocidio que dejó en la República de Ruanda más de 800 mil muertos. 

Concluyo mi columna señalando que el “mea culpa” papal, así como la súplica de perdón de los obispos ruandeses, en noviembre de 2016, no puede considerarse un acto de justicia, menos si se sabe que varios clérigos presuntamente genocidas están en completa libertad, mientras que otros fueron defendidos en su momento por el papa Juan Pablo II, quien al ponerse del lado de los incriminados, dio la espalda a las víctimas del genocidio ruandés. 

Twitter: @armayacastro


Publicado en El Occidental


jueves, 6 de abril de 2017

A 91 AÑOS DEL INICIO DE LA RESTAURACIÓN

Por Armando Maya Castro
El Apóstol de Jesucristo cumple las actividades correspondientes a la décima etapa de su Gira Apostólica Universal (Foto: Berea Internacional).

El pasado 8 de diciembre se cumplieron dos años del llamamiento del Maestro Naasón Joaquín García al Apostolado, un ministerio que recibió no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, quien lo apartó para el Evangelio desde antes de la fundación del mundo.

Ese inolvidable día, Dios hizo a su Ungido una promesa de crecimiento sin parangón en la historia de La Luz del Mundo, una Iglesia que, en su gloriosa etapa de restauración, cumple este 6 de abril 91 años de presencia activa sobre la faz de la tierra, con un crecimiento espiritual, material y social que goza del reconocimiento de propios y extraños, lo mismo dentro que fuera del país.

Los artífices principales del progreso que la Iglesia de Cristo ha experimentado en estos 91 años son los apóstoles Aarón, Samuel y Naasón Joaquín, hombres a los que Dios eligió para el Apostolado desde antes de la existencia del tiempo, el espacio y la materia. 

Los éxitos y conquistas sin precedente en los últimos dos años de la Iglesia en su etapa de restauración, son resultado no sólo de la promesa divina, sino de la forma en que el Ungido de Dios ha interpretado las palabras que Dios le expresara en su llamamiento: “Naasón, ¡tú estarás al frente de este grande pueblo, y si hoy lo ves grande, yo lo voy a multiplicar aún mucho más!”. 

El Apóstol Naasón Joaquín sabe perfectamente bien que la promesa divina es digna de total confianza, por la fidelidad que caracteriza al que prometió. Sin embargo él, en vez de cruzarse de brazos a esperar que la promesa de Dios se cumpla por sí sola, se dedica de tiempo completo a la predicación del Evangelio, buscando en todas partes las almas que han sido predestinadas por Dios para salvación y vida eterna. 

Su forma de celebrar acontecimientos como el llamamiento del hermano Aarón Joaquín González al Apostolado, que tuvo lugar el 6 de abril de 1926 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, no es con nostalgia ni con la recurrencia al pasado, sino con trabajo, acción y predicación, dando a conocer a las almas sin Dios y sin esperanza el mensaje de la salvación espiritual, confirmando la fe de los creyentes y brindando consuelo a los afligidos por diversas pruebas.

Esto es lo que hace justamente el Siervo de Dios en la décima etapa de su gira apostólica universal, jornada de trabajo que comprende la visita apostólica a varias iglesias del Bajío Mexicano, una región que, como las demás regiones del país, ha experimentado un importante crecimiento espiritual en la presente administración apostólica.  

La grandeza de espíritu de los tres apóstoles de la Restauración, sus  incuestionable virtudes y el admirable trabajo que cada uno de ellos llevó a cabo en su tiempo, han logrado que esta comunidad tenga presencia y raigambre en 55 países de África, América, Asia, Europa y Oceanía, continentes donde la Iglesia La Luz del Mundo es conocida y reconocida, no sólo por lo que ha predicado en estos 91 años, sino también por lo que ha hecho en estas nueve décadas.

Twitter: @armayacastro

martes, 4 de abril de 2017

FALTA DE APLICACIÓN DE LA LEY, UN MAL QUE FOMENTA LA IMPUNIDAD

Por Armando Maya Castro
La persistente intolerancia religiosa sigue afectando a las minorías religiosas establecidas en México (Foto: NVI Noticias)

Para Eliseo López Estrada, teólogo de la iglesia Presbiteriana, el encarcelamiento de 10 Testigos de Jehová el pasado 8 de marzo en la región del Istmo de Tehuantepec, específicamente en Pueblo Viejo, agencia de San Francisco del Mar, es un acto de discriminación religiosa, producido por “el solo hecho de pensar diferente a los integrantes de esa comunidad”. 

Este y otros actos de discriminación e intolerancia religiosa en dicha región, así como los que tienen lugar en otras comunidades de Oaxaca y Chiapas, se producen no porque carezcamos de leyes orientadas a poner fin a la violencia religiosa, sino porque en México siguen existiendo personas y grupos que se niegan a aceptar que somos un país religiosamente plural. 

Las leyes de México son claras al respecto, como lo veremos a continuación. Comenzaré mencionando la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, reglamentaria de las disposiciones de la Constitución General de la República en materia de asociaciones, agrupaciones religiosas, iglesias y culto público, misma que establece en su artículo segundo, fracción A, que el Estado Mexicano garantiza en favor del individuo el siguiente derecho: “Tener o adoptar la creencia religiosa que más le agrade y practicar, en forma individual o colectiva, los actos de culto o ritos de su preferencia”. 

Lamentablemente, a pesar de nuestra Carta Magna y del anterior ordenamiento jurídico, en varios estados de la República Mexicana prevalece aún la “cultura” de la intolerancia sobre la libertad de creencias y de culto. Prueba de lo anterior es lo que ocurre en varios estados del país, donde el acoso arbitrario contra los diversos grupos evangélicos es el pan nuestro de cada día. 

El problema es que, para los autores de estos deplorables atropellos, la legislación nacional e internacional que salvaguarda los derechos religiosos de los seres humanos es sólo letra muerta, lo que me permite asegurar que la libertad religiosa en México es sólo una aspiración, no una realidad. Si esta libertad fundamental fuera plena en nuestro país, a estas alturas tendríamos que estar elogiando el respeto a la diversidad, en lugar de estar censurando los indignantes casos de intolerancia religiosa que tienen lugar en varias entidades de la República. 

En columnas anteriores lo he dicho, y el día de hoy lo repito: el problema no son únicamente las personas y grupos intolerantes que abundan a lo largo y ancho de México, sino la falta de aplicación de la ley por parte de nuestras autoridades de gobierno, un mal que, aparte de fomentar la impunidad, alienta a los enemigos de la libertad religiosa a seguir por el sendero de los atropellos y abusos en agravio de las minorías religiosas. 

Tengo bastante claro que la intolerancia religiosa se halla presente no sólo en México sino en varias naciones y credos del mundo. Sin embargo, nuestro deber es preocuparnos y ocuparnos de lo que ocurre en México, donde los casos de intolerancia religiosa son generados por las prácticas fanáticas de personas y grupos que aspiran al México confesional del pasado, en el que una sola religión dominaba a diestra y siniestra. 

Eran los años anteriores a Benito Juárez y los hombres de la Reforma, en el que las demás iglesias no tenían derecho a existir, mucho menos a realizar proselitismo para difundir entre la población sus convicciones religiosas. 

Twitter: @armayacastro



sábado, 25 de marzo de 2017

OBISPO DE CUERNAVACA: ¿MÁS IMPUNIDAD EN MATERIA DE ESTADO LAICO?

Armando Maya Castro


Esta semana la principiamos con la llegada de la primavera, la estación más alegre y bonita de todas, la cual llegó acompañada de la celebración del aniversario del natalicio de Don Benito Juárez García, el más grande estadista mexicano, quien contó con la colaboración de un importante número de liberales extraordinarios, a cuyo aporte debemos, entre otras cosas, las Leyes de Reforma.

Estas leyes, cuyo objetivo principal era separar a la Iglesia católica del Estado, fueron expedidas por Benito Juárez en la ciudad de Veracruz, entre 1859 y 1860. Su promulgación al término de la Guerra de Reforma, fue un duro golpe para la Iglesia católica, y representó el debilitamiento político y económico de esta institución, la más rica y poderosa de todas las que existían en ese tiempo.

Al inicio de la semana que hoy culmina, fuimos también testigos de la continuación del enfrentamiento mediático entre Graco Ramírez Garrido, gobernador del estado de Morelos, y el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, quien se ha declarado “víctima de la persecución del gobernador morelense debido a mi participación en movimientos de protesta: me ha echado encima a la prensa que, en Morelos, está comprada por él; me ha hecho acusaciones ignominiosas, pero todo esto no importa porque no voy a dejar de señalar lo que está bien y lo que está mal”, advierte el alto dignatario católico.

Por su parte, Graco Ramírez hizo un llamado a la nunciatura apostólica en México, a la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y, principalmente, a la Secretaría de Gobernación, para que “sujeten al orden” al obispo cuernavacense, quien “se ha convertido en un actor político y miente constantemente para obtener reflectores”, declaró Matías Quiroz, secretario de gobierno del estado de Morelos.

El respaldo al obispo, de parte de la Provincia Eclesiástica de México en su conjunto, no se hizo esperar. A través de una carta firmada por el cardenal Norberto Rivera Carrera y otros obispos, expresa al obispo Castro Castro “su comunión solidaria”, en lugar de llamarlo a ceñirse al artículo 130 constitucional, el cual dispone que “los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna”.

Corresponde a la Secretaría de Gobernación determinar si el prelado violentó el ordenamiento jurídico antes mencionado al participar en la reunión celebrada el jueves 16 de marzo en la catedral de Cuernavaca, en la que según varios medios de comunicación se formó el frente “antigraco”, con el propósito de “diseñar una estrategia contra el gobierno de la entidad, encabezado por el perredista Graco Ramírez Garrido”, señala una nota de Rodrigo Vera, publicada en el portal web del semanario Proceso.

Eduardo Cubría Bernardi, delegado de la Segob en Morelos, señaló que esta instancia federal analiza la demanda presentada por el PRD, "para saber el alcance y consecuencia correspondiente". Agregó que el obispo debe sujetarse a "la particular interpretación que tiene la ley", por lo que deberá atenerse a las sanciones "a que haya lugar". No hay que perder de vista que la Secretaría de Gobernación es la responsable de “vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia de culto público, iglesias, agrupaciones y asociaciones religiosas”.

Concluyo mi columna lamentando que, a casi 160 años de la promulgación de las primeras Leyes de Reforma, estemos ante una serie de atropellos a los principios de laicidad y separación del Estado y las Iglesias, algo que, de un tiempo a la fecha, se ha convertido en México en el pan nuestro de cada día.

Twitter: @armayacastro

jueves, 23 de marzo de 2017

GENOCIDIO DE RUANDA: INSUFICIENTE EL MEA CULPA PAPAL

Por Armando Maya Castro
El papa Francisco pidió perdón por el papel de la Iglesia católica en el genocidio de 1994 contra la minoría tutsi en Ruanda. 

Este 20 de marzo, el papa Francisco admitió finalmente "los pecados y faltas de la iglesia y de sus miembros, entre ellos sacerdotes, religiosos y religiosas, que cedieron al odio y a la violencia, traicionando su misión evangélica", esto durante el genocidio que dejó en la República de Ruanda más de 800 mil muertos. 

Ante Paul Kagame, presidente de ese país de África Central, el jefe máximo de la Iglesia católica hizo lo que el año pasado hicieron los obispos de Ruanda: disculparse “por todas las cosas malas que hizo la Iglesia” durante la actividad criminal que cubrió un lapso de cien días que se tiñeron de sangre, en los que, irracionalmente, la mayoría hutu eliminó al 75% de los tutsis étnicos. 

Los hechos genocidas tuvieron lugar hace casi 23 años, entre el 6 de abril y el 17 de julio de 1994, durante el pontificado de Juan Pablo II, quien al conocer las acusaciones contra algunos miembros del alto clero ruandés, salió en defensa de ellos, particularmente de Agustín Misago, obispo de Gikongoro, arrestado el 14 de abril de 1999, luego de que el presidente Pasteur Bizimungu lo acusara de participar en el genocidio.

La defensa papal fue firme, a pesar de que African Rights acusó a Misago de haber cometido crímenes de lesa humanidad. Esta organización humanitaria, con sede en Londres, "sostiene que muchos curas y monjas acusados de haber participado en el genocidio de 1994 han sido redistribuidos por la Iglesia en parroquias europeas" (Clarín, 23/11/1999).

Volviendo al caso Misago, es obligado señalar que, para el fiscal, la culpabilidad del prelado era más que evidente, por ello pidió contra él la pena de muerte. Aquí los cargos que pesaban sobre Misago: se le responsabilizaba de haber negado refugio a los tutsis; de haber enviado a 30 escolares a la muerte; de haber creado un campo de refugiados en Murambi; de colaborar en la masacre de la iglesia de Kibeho, y de haber comprado 100 machetes. 

El 7 de mayo de 2014, el columnista de La Jornada, José Steinsleger, escribió sobre lo sucedido a un grupo de 90 niños tutsis que el 4 de mayo de 1994 fueron retenidos en una comisaría ruandés: “El prelado [Misago] dijo a los niños que no se preocuparan, que la policía los cuidaría. Tres días después, la policía asesinó a 82 de estos niños.”

El 15 de junio del año 2000, un año después de la detención del obispo, un veredicto del tribunal de Kigali absolvió a Misago de todas las acusaciones, triunfando al final la presión del Vaticano, quien a lo largo del proceso calificó como calumnioso el cargo de genocidio que pesaba sobre el prelado. 

En este mismo espacio he señalado anteriormente que el apoyo del Vaticano a Misago fue de tal magnitud que, en mayo del año 2000, estando el prelado aún en prisión, Juan Pablo II le envió un telegrama en el que le expresaba, entre otras cosas, lo siguiente: “Deseando que se le restituya la libertad y pueda volver a ser guía amorosa de su comunidad diocesana, invoco al Señor resucitado la presencia consoladora de su Espíritu. Mientras de corazón le envío mi bendición apostólica”. 

La sede papal defendió también a las monjas Consolata Mu-kangango (sor Gertrudis) y Julienne Mukabutera (sor María Kizito), acusadas de haber participado en la ejecución de 7 mil tutsis que buscaban refugio en el convento de Sovu. Fueron estas “religiosas” las que llamaron “a las milicias para que echaran del perímetro del convento a los tutsis", dándole combustible a los milicianos "para que quemaran a unos 500 tutsis que se habían refugiado en el estacionamiento del convento” (La Jornada, 09/06/2001).

El 8 de junio de 2001, un tribunal belga condenó a sor Gertrudis a 15 años de cárcel, y a sor María Kizito a 12 años de prisión, provocando la inmediata reacción del español Joaquín Navarro Valls, quien hizo pública la inconformidad del papa: "El Santo Padre no puede expresar sino una cierta sorpresa al ver cómo la grave responsabilidad de tantas personas y grupos envueltos en este tremendo genocidio en el corazón de África, recae en sólo unas pocas personas", expresó el entonces portavoz del Vaticano. 

Un “mea culpa” no lo es todo, y el papa Francisco lo sabe muy bien. Falta sentar en el banquillo de los acusados a los clérigos responsables de estos horripilantes hechos, sin olvidar jamás que el polaco Karol Wojtyla defendió a capa y espada a varios criminales con sotana, restándole importancia al dolor y exigencias de las víctimas y de los familiares de éstas. Con su proceder, Juan Pablo II dio también la espalda a los sacerdotes católicos tutsis, acerca de los cuales había dicho Misago: en Ruanda ya no se les quiere, pidiéndole al Vaticano que se los llevara de territorio ruandés. 

Twitter: @armayacastro

martes, 21 de marzo de 2017

YA SIN JUÁREZ…

Por Armando Maya Castro
En el aniversario del nacimiento de Benito Juárez, es obligado señalar que el legado de este héroe nacional se encuentra amenazado por los ancestrales enemigos de la laicidad (Foto: Euroresidentes)

Hoy, hace 211 años, nació Benito Pablo Juárez García, el mejor presidente mexicano de todos los tiempos, aunque a Vicente Fox Quesada le cueste trabajo reconocerlo, sobre todo después de haber declarado ante los medios de comunicación que él ha sido el mejor presidente de México, incluso por encima del Benemérito de las Américas. 

El nacimiento de Juárez tuvo lugar el 21 de marzo de 1806, en San Pablo Guelatao, una pequeña comunidad serrana perteneciente a la jurisdicción de Santo Tomás Ixtlán, Oaxaca, que en ese tiempo “apenas contaba con veinte familias”, escribió Juárez en “Apuntes a mis hijos”. 

Sus progenitores, Marcelino Juárez y Brígida García, eran "indios de la raza primitiva del país", y fallecieron cuando el pequeño Benito tenía tres años. Al faltar sus padres, él y sus hermanas María Josefa y Rosa quedaron bajo el cuidado de Pedro Juárez y Justa López, sus abuelos paternos, “indios también de la nación zapoteca”. 

Tras la muerte de sus abuelos, quedó al cuidado de su tío Bernardino Juárez hasta 1818, año en que se dirigió a la capital del estado, luego de haberse despertado en él “el noble deseo de adquirir instrucción y mejorar su suerte”. A la postre, la aspiración de aquel niño iba a mejorar no sólo su suerte, sino la de todo México, un pueblo que en ese tiempo luchaba por su independencia. 

Antes de su partida a Oaxaca, su tío tuvo el tino de motivarlo para seguir otros caminos de superación: “aprender el idioma castellano, lograr que los patrones de una casa particular de Oaxaca lo recibieran a su servicio a cambio de techo, alimento, ropa y el compromiso de enseñarle a leer y escribir el castellano y, como sueño inalcanzable, lo apoyaran a seguir la carrera sacerdotal, por ser el único medio para los indígenas pobres, de realizar estudios superiores en el Seminario que funcionaba en esa ciudad”, reseña Eduardo Philibert Mendoza.

Lo que consiguió a partir de entonces es presentado por la historia como un ejemplo de superación personal. Y no podía ser de otra manera si se toma en cuenta que aquel zapoteco de humilde condición, tras aprender a hablar, leer y escribir en español, cursó estudios hasta recibirse de abogado, llegando a ser gobernador de Oaxaca, ministro de la Corte de Justicia y presidente de la República.

Como presidente interino de México, expidió en Veracruz las Leyes de Reforma, orientadas a "organizar jurídicamente a la nación en un Estado republicano, federal y representativo y democrático, anulando la intervención de la Iglesia y de cualesquiera otras corporaciones". Jorge Carpizo define estas leyes como "la destrucción de las estructuras coloniales y medievales que habían perdurado durante el México independiente; esas leyes son parte del sustento mismo de nuestro constitucionalismo: libertad, igualdad, tolerancia, pluralismo, Estado laico, principio de legalidad y respeto a los derechos de las minorías. Estas leyes son el fundamento de nuestro Estado y la defensa del sistema constitucional" (“Juárez, jurista y defensor de la Constitución”, en Manuel Camacho Solís, Actualidad de Juárez, D.F.: UNAM, 2004, p. 36). 

En el aniversario del natalicio de Juárez, es importante reconocer que el mérito de las Leyes de Reforma no es sólo de él, sino de un grupo de políticos integrado, entre otros, por Melchor Ocampo, Miguel Lerdo de Tejada, Ponciano Arriaga y Guillermo Prieto, hombres a los que les pertenece la gloria de ser “la generación de liberales que mayores alcances logró en la construcción del Estado mexicano”. 

Las Leyes de Reforma lograron, entre otras cosas: la desamortización y nacionalización de los bienes eclesiásticos, la separación Estado-Iglesia, la exclaustración de monjas y frailes, la secularización del registro civil, de los cementerios y de las fiestas públicas, además de la promulgación de la Ley sobre Libertad de Cultos, publicada el 4 de diciembre de 1860. 

Sobre la libre expresión, es obligado recordar que con Juárez mejoraron considerablemente las condiciones para la libertad de expresión, especificadas en la Constitución de 1857. Gracias a ello, se publicaron en ese tiempo periódicos de diferentes tendencias políticas e ideológicas, en los que se exponían y defendían las ideas de los diferentes grupos, “sin que ninguna autoridad pueda ejercer previa censura ni exigir fianza”. 

En ese tiempo, “México vivió por primera vez una época de plena libertad de expresión, sin cortapisa alguna. No hubo censura, ni periodística ni editorial. Juárez extendió la libertad hasta el campo de la educación: la que impartiera el estado sería laica pero los particulares podían impartirla en cualquier nivel”, recuerda José Manuel Villalpando en su obra “Benito Juárez: una visión crítica en el bicentenario de su nacimiento”.

Lamentablemente, ya sin Juárez, el carácter laico del Estado y de la educación se encuentran amenazados por los ancestrales enemigos de la laicidad, que son también los enemigos de la libertad de expresión, el instrumento más poderoso contra el autoritarismo, al que debemos proteger de cualquier amenaza, como lo haría Juárez si viviera.

Twitter: @armayacastro 



sábado, 18 de marzo de 2017

A 79 AÑOS DE LA EXPROPIACIÓN PETROLERA

Por Armando Maya Castro


Hoy se cumplen 79 años de la expropiación petrolera, un hecho histórico que reviste gran importancia y el más alto interés nacional. El aniversario de este gran acontecimiento me lleva a recordar que, la noche del 18 de marzo de 1938, el entonces presidente de México, Lázaro Cárdenas del Río, tomó la decisión de expropiar la industria petrolera en beneficio del pueblo de México. 

Con excepción de ciertos sectores anti cardenistas y de la derecha, la decisión presidencial contó con el decidido apoyo del pueblo de México, quien respondió con generosidad y alto sentido patriótico, desprendiéndose de sus pertenencias de valor económico y sentimental: dinero, anillos de bodas, brazaletes, pendientes y demás objetos de valor, “para que el gobierno pudiera pagar las indemnizaciones a las que tenían derecho las empresas extranjeras”.

A partir del decreto presidencial, pasaron a ser propiedad del Estado mexicano "la maquinaria, instalaciones, oleoductos, refinerías, taques de almacenamiento, vías de comunicación, carros-tanque, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los demás bienes muebles e inmuebles de 17 empresas petroleras", refiere Fernando Calzada Falcón, quien añade que la decisión presidencial “fue fortalecida con una iniciativa de reforma constitucional, presentada también por el Presidente de la República, con el fin de adicionar el sexto párrafo del artículo 27 constitucional, para establecer que tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, no se expidieran concesiones, sino que la explotación de esos productos se llevara a cabo por la Nación...". 

Diversas voces señalan que la reforma energética se diseñó para matar a Pemex, asestándole un golpe contundente al decreto expropiatorio de Lázaro Cárdenas, quien buscaba detener la insufrible actitud de las compañías petroleras extranjeras frente al país y al gobierno constituido. “De aquella decisión cardenista y su repercusión política, económica y social no queda ni un chisguete en el discurso oficial. Sólo el recuerdo histórico, si bien va”, escribió el pasado 14 de marzo Carlos Fernández-Vega, autor de la columna México S. A., que se publica en conocido diario capitalino. 

Opinan en sentido contrario las y los legisladores que pertenecen a los partidos que aprobaron la reforma energética. Convencidos de que se hizo lo correcto al aprobarla, califican la modificación constitucional no como un acto de privatización, sino como un acto de responsabilidad histórica, madurez política y vocación democrática del actual gobierno. 

En sentido contrario se pronunció este 17 de marzo la coordinadora de la bancada del Movimiento Regeneración Nacional en la Cámara de Diputados, Rocío Nahle García, quien evocó los tiempos pasados al señalar que “fuimos orgullo petrolero por décadas”, lo cual cambió con la reforma energética del 12 de diciembre de 2013.

Pemex, “la gallina de los huevos de oro se nos fue secando, se nos fue acabando”, señaló el pasado 13 de enero el presidente Enrique Peña Nieto, quien intentaba justificar así el retiro del subsidio al precio de la gasolina, una manera artificial de mantener su precio bajo, explicó el jefe del Ejecutivo Federal. 

Pese a la anterior declaración, que describe el enorme daño que la corrupción política le ha hecho a Pemex, me quedó con lo que dice el columnista Fernández-Vega, quien señala que “el sector energético es y será sin duda uno de los estratégicos para México. Nuestro país es el octavo productor de crudo a escala mundial y principal proveedor del energético a Estados Unidos; en 2016, Petróleos Mexicanos (Pemex) registró ventas totales por 52 mil millones de dólares e ingresos por exportaciones de crudo por 15 mil 575 millones.” 

A 79 años de la expropiación petrolera, tengamos presente que Pemex sigue siendo clave para la economía del país, por lo que es necesario realizar mayores esfuerzos para hacer a esta empresa más productiva, y para lograr ponerla a salvo de la voracidad de los malos políticos, esos que sólo piensan en su bienestar y no en el del pueblo de México.

Twitter: @armayacastro