jueves, 23 de marzo de 2017

GENOCIDIO DE RUANDA: INSUFICIENTE EL MEA CULPA PAPAL

Por Armando Maya Castro
El papa Francisco pidió perdón por el papel de la Iglesia católica en el genocidio de 1994 contra la minoría tutsi en Ruanda. 

Este 20 de marzo, el papa Francisco admitió finalmente "los pecados y faltas de la iglesia y de sus miembros, entre ellos sacerdotes, religiosos y religiosas, que cedieron al odio y a la violencia, traicionando su misión evangélica", esto durante el genocidio que dejó en la República de Ruanda más de 800 mil muertos. 

Ante Paul Kagame, presidente de ese país de África Central, el jefe máximo de la Iglesia católica hizo lo que el año pasado hicieron los obispos de Ruanda: disculparse “por todas las cosas malas que hizo la Iglesia” durante la actividad criminal que cubrió un lapso de cien días que se tiñeron de sangre, en los que, irracionalmente, la mayoría hutu eliminó al 75% de los tutsis étnicos. 

Los hechos genocidas tuvieron lugar hace casi 23 años, entre el 6 de abril y el 17 de julio de 1994, durante el pontificado de Juan Pablo II, quien al conocer las acusaciones contra algunos miembros del alto clero ruandés, salió en defensa de ellos, particularmente de Agustín Misago, obispo de Gikongoro, arrestado el 14 de abril de 1999, luego de que el presidente Pasteur Bizimungu lo acusara de participar en el genocidio.

La defensa papal fue firme, a pesar de que African Rights acusó a Misago de haber cometido crímenes de lesa humanidad. Esta organización humanitaria, con sede en Londres, "sostiene que muchos curas y monjas acusados de haber participado en el genocidio de 1994 han sido redistribuidos por la Iglesia en parroquias europeas" (Clarín, 23/11/1999).

Volviendo al caso Misago, es obligado señalar que, para el fiscal, la culpabilidad del prelado era más que evidente, por ello pidió contra él la pena de muerte. Aquí los cargos que pesaban sobre Misago: se le responsabilizaba de haber negado refugio a los tutsis; de haber enviado a 30 escolares a la muerte; de haber creado un campo de refugiados en Murambi; de colaborar en la masacre de la iglesia de Kibeho, y de haber comprado 100 machetes. 

El 7 de mayo de 2014, el columnista de La Jornada, José Steinsleger, escribió sobre lo sucedido a un grupo de 90 niños tutsis que el 4 de mayo de 1994 fueron retenidos en una comisaría ruandés: “El prelado [Misago] dijo a los niños que no se preocuparan, que la policía los cuidaría. Tres días después, la policía asesinó a 82 de estos niños.”

El 15 de junio del año 2000, un año después de la detención del obispo, un veredicto del tribunal de Kigali absolvió a Misago de todas las acusaciones, triunfando al final la presión del Vaticano, quien a lo largo del proceso calificó como calumnioso el cargo de genocidio que pesaba sobre el prelado. 

En este mismo espacio he señalado anteriormente que el apoyo del Vaticano a Misago fue de tal magnitud que, en mayo del año 2000, estando el prelado aún en prisión, Juan Pablo II le envió un telegrama en el que le expresaba, entre otras cosas, lo siguiente: “Deseando que se le restituya la libertad y pueda volver a ser guía amorosa de su comunidad diocesana, invoco al Señor resucitado la presencia consoladora de su Espíritu. Mientras de corazón le envío mi bendición apostólica”. 

La sede papal defendió también a las monjas Consolata Mu-kangango (sor Gertrudis) y Julienne Mukabutera (sor María Kizito), acusadas de haber participado en la ejecución de 7 mil tutsis que buscaban refugio en el convento de Sovu. Fueron estas “religiosas” las que llamaron “a las milicias para que echaran del perímetro del convento a los tutsis", dándole combustible a los milicianos "para que quemaran a unos 500 tutsis que se habían refugiado en el estacionamiento del convento” (La Jornada, 09/06/2001).

El 8 de junio de 2001, un tribunal belga condenó a sor Gertrudis a 15 años de cárcel, y a sor María Kizito a 12 años de prisión, provocando la inmediata reacción del español Joaquín Navarro Valls, quien hizo pública la inconformidad del papa: "El Santo Padre no puede expresar sino una cierta sorpresa al ver cómo la grave responsabilidad de tantas personas y grupos envueltos en este tremendo genocidio en el corazón de África, recae en sólo unas pocas personas", expresó el entonces portavoz del Vaticano. 

Un “mea culpa” no lo es todo, y el papa Francisco lo sabe muy bien. Falta sentar en el banquillo de los acusados a los clérigos responsables de estos horripilantes hechos, sin olvidar jamás que el polaco Karol Wojtyla defendió a capa y espada a varios criminales con sotana, restándole importancia al dolor y exigencias de las víctimas y de los familiares de éstas. Con su proceder, Juan Pablo II dio también la espalda a los sacerdotes católicos tutsis, acerca de los cuales había dicho Misago: en Ruanda ya no se les quiere, pidiéndole al Vaticano que se los llevara de territorio ruandés. 

Twitter: @armayacastro

martes, 21 de marzo de 2017

YA SIN JUÁREZ…

Por Armando Maya Castro
En el aniversario del nacimiento de Benito Juárez, es obligado señalar que el legado de este héroe nacional se encuentra amenazado por los ancestrales enemigos de la laicidad (Foto: Euroresidentes)

Hoy, hace 211 años, nació Benito Pablo Juárez García, el mejor presidente mexicano de todos los tiempos, aunque a Vicente Fox Quesada le cueste trabajo reconocerlo, sobre todo después de haber declarado ante los medios de comunicación que él ha sido el mejor presidente de México, incluso por encima del Benemérito de las Américas. 

El nacimiento de Juárez tuvo lugar el 21 de marzo de 1806, en San Pablo Guelatao, una pequeña comunidad serrana perteneciente a la jurisdicción de Santo Tomás Ixtlán, Oaxaca, que en ese tiempo “apenas contaba con veinte familias”, escribió Juárez en “Apuntes a mis hijos”. 

Sus progenitores, Marcelino Juárez y Brígida García, eran "indios de la raza primitiva del país", y fallecieron cuando el pequeño Benito tenía tres años. Al faltar sus padres, él y sus hermanas María Josefa y Rosa quedaron bajo el cuidado de Pedro Juárez y Justa López, sus abuelos paternos, “indios también de la nación zapoteca”. 

Tras la muerte de sus abuelos, quedó al cuidado de su tío Bernardino Juárez hasta 1818, año en que se dirigió a la capital del estado, luego de haberse despertado en él “el noble deseo de adquirir instrucción y mejorar su suerte”. A la postre, la aspiración de aquel niño iba a mejorar no sólo su suerte, sino la de todo México, un pueblo que en ese tiempo luchaba por su independencia. 

Antes de su partida a Oaxaca, su tío tuvo el tino de motivarlo para seguir otros caminos de superación: “aprender el idioma castellano, lograr que los patrones de una casa particular de Oaxaca lo recibieran a su servicio a cambio de techo, alimento, ropa y el compromiso de enseñarle a leer y escribir el castellano y, como sueño inalcanzable, lo apoyaran a seguir la carrera sacerdotal, por ser el único medio para los indígenas pobres, de realizar estudios superiores en el Seminario que funcionaba en esa ciudad”, reseña Eduardo Philibert Mendoza.

Lo que consiguió a partir de entonces es presentado por la historia como un ejemplo de superación personal. Y no podía ser de otra manera si se toma en cuenta que aquel zapoteco de humilde condición, tras aprender a hablar, leer y escribir en español, cursó estudios hasta recibirse de abogado, llegando a ser gobernador de Oaxaca, ministro de la Corte de Justicia y presidente de la República.

Como presidente interino de México, expidió en Veracruz las Leyes de Reforma, orientadas a "organizar jurídicamente a la nación en un Estado republicano, federal y representativo y democrático, anulando la intervención de la Iglesia y de cualesquiera otras corporaciones". Jorge Carpizo define estas leyes como "la destrucción de las estructuras coloniales y medievales que habían perdurado durante el México independiente; esas leyes son parte del sustento mismo de nuestro constitucionalismo: libertad, igualdad, tolerancia, pluralismo, Estado laico, principio de legalidad y respeto a los derechos de las minorías. Estas leyes son el fundamento de nuestro Estado y la defensa del sistema constitucional" (“Juárez, jurista y defensor de la Constitución”, en Manuel Camacho Solís, Actualidad de Juárez, D.F.: UNAM, 2004, p. 36). 

En el aniversario del natalicio de Juárez, es importante reconocer que el mérito de las Leyes de Reforma no es sólo de él, sino de un grupo de políticos integrado, entre otros, por Melchor Ocampo, Miguel Lerdo de Tejada, Ponciano Arriaga y Guillermo Prieto, hombres a los que les pertenece la gloria de ser “la generación de liberales que mayores alcances logró en la construcción del Estado mexicano”. 

Las Leyes de Reforma lograron, entre otras cosas: la desamortización y nacionalización de los bienes eclesiásticos, la separación Estado-Iglesia, la exclaustración de monjas y frailes, la secularización del registro civil, de los cementerios y de las fiestas públicas, además de la promulgación de la Ley sobre Libertad de Cultos, publicada el 4 de diciembre de 1860. 

Sobre la libre expresión, es obligado recordar que con Juárez mejoraron considerablemente las condiciones para la libertad de expresión, especificadas en la Constitución de 1857. Gracias a ello, se publicaron en ese tiempo periódicos de diferentes tendencias políticas e ideológicas, en los que se exponían y defendían las ideas de los diferentes grupos, “sin que ninguna autoridad pueda ejercer previa censura ni exigir fianza”. 

En ese tiempo, “México vivió por primera vez una época de plena libertad de expresión, sin cortapisa alguna. No hubo censura, ni periodística ni editorial. Juárez extendió la libertad hasta el campo de la educación: la que impartiera el estado sería laica pero los particulares podían impartirla en cualquier nivel”, recuerda José Manuel Villalpando en su obra “Benito Juárez: una visión crítica en el bicentenario de su nacimiento”.

Lamentablemente, ya sin Juárez, el carácter laico del Estado y de la educación se encuentran amenazados por los ancestrales enemigos de la laicidad, que son también los enemigos de la libertad de expresión, el instrumento más poderoso contra el autoritarismo, al que debemos proteger de cualquier amenaza, como lo haría Juárez si viviera.

Twitter: @armayacastro 



sábado, 18 de marzo de 2017

A 79 AÑOS DE LA EXPROPIACIÓN PETROLERA

Por Armando Maya Castro


Hoy se cumplen 79 años de la expropiación petrolera, un hecho histórico que reviste gran importancia y el más alto interés nacional. El aniversario de este gran acontecimiento me lleva a recordar que, la noche del 18 de marzo de 1938, el entonces presidente de México, Lázaro Cárdenas del Río, tomó la decisión de expropiar la industria petrolera en beneficio del pueblo de México. 

Con excepción de ciertos sectores anti cardenistas y de la derecha, la decisión presidencial contó con el decidido apoyo del pueblo de México, quien respondió con generosidad y alto sentido patriótico, desprendiéndose de sus pertenencias de valor económico y sentimental: dinero, anillos de bodas, brazaletes, pendientes y demás objetos de valor, “para que el gobierno pudiera pagar las indemnizaciones a las que tenían derecho las empresas extranjeras”.

A partir del decreto presidencial, pasaron a ser propiedad del Estado mexicano "la maquinaria, instalaciones, oleoductos, refinerías, taques de almacenamiento, vías de comunicación, carros-tanque, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los demás bienes muebles e inmuebles de 17 empresas petroleras", refiere Fernando Calzada Falcón, quien añade que la decisión presidencial “fue fortalecida con una iniciativa de reforma constitucional, presentada también por el Presidente de la República, con el fin de adicionar el sexto párrafo del artículo 27 constitucional, para establecer que tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, no se expidieran concesiones, sino que la explotación de esos productos se llevara a cabo por la Nación...". 

Diversas voces señalan que la reforma energética se diseñó para matar a Pemex, asestándole un golpe contundente al decreto expropiatorio de Lázaro Cárdenas, quien buscaba detener la insufrible actitud de las compañías petroleras extranjeras frente al país y al gobierno constituido. “De aquella decisión cardenista y su repercusión política, económica y social no queda ni un chisguete en el discurso oficial. Sólo el recuerdo histórico, si bien va”, escribió el pasado 14 de marzo Carlos Fernández-Vega, autor de la columna México S. A., que se publica en conocido diario capitalino. 

Opinan en sentido contrario las y los legisladores que pertenecen a los partidos que aprobaron la reforma energética. Convencidos de que se hizo lo correcto al aprobarla, califican la modificación constitucional no como un acto de privatización, sino como un acto de responsabilidad histórica, madurez política y vocación democrática del actual gobierno. 

En sentido contrario se pronunció este 17 de marzo la coordinadora de la bancada del Movimiento Regeneración Nacional en la Cámara de Diputados, Rocío Nahle García, quien evocó los tiempos pasados al señalar que “fuimos orgullo petrolero por décadas”, lo cual cambió con la reforma energética del 12 de diciembre de 2013.

Pemex, “la gallina de los huevos de oro se nos fue secando, se nos fue acabando”, señaló el pasado 13 de enero el presidente Enrique Peña Nieto, quien intentaba justificar así el retiro del subsidio al precio de la gasolina, una manera artificial de mantener su precio bajo, explicó el jefe del Ejecutivo Federal. 

Pese a la anterior declaración, que describe el enorme daño que la corrupción política le ha hecho a Pemex, me quedó con lo que dice el columnista Fernández-Vega, quien señala que “el sector energético es y será sin duda uno de los estratégicos para México. Nuestro país es el octavo productor de crudo a escala mundial y principal proveedor del energético a Estados Unidos; en 2016, Petróleos Mexicanos (Pemex) registró ventas totales por 52 mil millones de dólares e ingresos por exportaciones de crudo por 15 mil 575 millones.” 

A 79 años de la expropiación petrolera, tengamos presente que Pemex sigue siendo clave para la economía del país, por lo que es necesario realizar mayores esfuerzos para hacer a esta empresa más productiva, y para lograr ponerla a salvo de la voracidad de los malos políticos, esos que sólo piensan en su bienestar y no en el del pueblo de México.

Twitter: @armayacastro


jueves, 16 de marzo de 2017

CONSTITUCIÓN CDMX ENFRENTA VARIAS INCONFORMIDADES, HASTA DE IGLESIAS

Por Armando Maya Castro
La Constitución de la Ciudad de México, la primera en la historia de esta ciudad, enfrenta una ola de impugnaciones 

El Senado de la República acaba de informar que presentará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una controversia constitucional en contra de la Constitución Política de la Ciudad de México, un documento que ha sido impugnado por varias instituciones, entre ellas la Presidencia de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ), así como los partidos Nueva Alianza y Morena. 

El Gobierno de la Ciudad de México ha defendido a capa y espada la Constitución capitalina, calificando dicha ley fundamental como “la más progresista e innovadora de Latinoamérica”, así como “un logro de la cooperación política, pero sobre todo, de la participación ciudadana”, señala el portal de Gobierno capitalino. 

La impugnación del Senado, que se une a otras siete impugnaciones, no le preocupa demasiado a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, al PRD capitalino y al jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, quien ha calificado las controversias constitucionales, las demandas de inconstitucionalidad y los amparos ante la SCJN, como ataques del gobierno federal, soslayando, no sé si a la ligera, que una de las impugnaciones viene de los magistrados del TSJ de la Ciudad de México, por causa de los artículos 35 y 37 de la Constitución que aprobó la Asamblea Constituyente el pasado 15 de febrero.

La Iglesia Católica se lanzó también contra la Constitución capitalina a través del editorial del semanario Desde la Fe, calificándola como “una constitución asesina que no reconoce lo más valioso para cualquier ser humano aun desde el vientre materno, la dignidad de la vida”. Para la Arquidiócesis Primada de México, el documento en cuestión es “ilegítimo, atropellado, recetario de ideologías y de absurdos jurídicos”, aunque esto no es raro en el “modus operandi” de la Iglesia católica, quien ha descalificado en varios momento de la historia de México la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como algunas de las leyes patrias que le impiden recuperar los privilegios que esta institución tuvo en el pasado.  

Similar “inconformidad” por su redacción han expresado las iglesias que conforman el Consejo Ecuménico de México, del que forma parte la arquidiócesis primada de México, así como la Eparquía Maronita de Nuestra Señora de los Mártires del Líbano, la Iglesia Católica Ortodoxa del Patriarcado de Antioquia en México, el Sínodo Luterano de México, la Diócesis en México de la Iglesia Ortodoxa en América OCA, la Eparquía Greco Melquita de Nuestra Señora del Paraíso en México, la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, la Iglesia Evangélica Misionera del Pacto Misión DF, y la Iglesia Ortodoxa Griega en México.

Los integrantes del Consejo Ecuménico de México, soslayando el principio de separación del Estado y las iglesias, califican el texto como no equitativo, “ya que la mayoría de los habitantes de la CDMX profesan la fe en Cristo, y los constituyentes dan la impresión de seguir consignas ideológicas y partidistas minoritarias que van en contra del derecho a la vida y de la dignidad humana, al dejar sin protección a aquellos que por sí mismos no pueden defenderse”. 

Destacan, asimismo, la inconveniencia de llamar “matrimonio” a las uniones homosexuales, al tiempo de explicar que la remoción de toda discriminación por razón de la orientación sexual no requiere la inserción de un nuevo modelo en la institución matrimonial. 

La postura del Consejo Ecuménico de México, del que es miembro fundador el cardenal Norberto Rivera Carrera, califica el matrimonio como "una unión heterosexual basada en la complementariedad de sexos”, y añade que tal unión “es la base para la constitución de una familia”. Sobre la heterosexualidad, afirman que “es un elemento constitutivo esencial del propio concepto de matrimonio", por lo que consideran que "designar a una unión homosexual con el nombre de matrimonio es empobrecedor, y ocasiona confusión, ya que designa con el mismo término a realidades diferentes".

Estas iglesias insisten en el tema, olvidando que en un país como México, donde la Constitución General de la República establece los principios de laicidad y separación del Estado y las iglesias, el matrimonio civil es competencia exclusiva del Estado. Es a él, no a las iglesias, al que le corresponde definir el matrimonio civil. La función de los ministros de culto es trabajar en la preservación del matrimonio religioso tal como lo concibe cada asociación religiosa, haciendo lo que sea necesario para evitar la alteración del mismo. 

Concluyo mi columna celebrando el compromiso de la SCJN, el Máximo Tribunal Constitucional del país, cuyo trabajo en materia de revisión de las impugnaciones coadyuvará a que los habitantes de la Ciudad de México tengan la Constitución que se merecen. 

Twitter: @armayacastro 

http://ed.el-mexicano.com.mx/impreso/Tijuana/031617/16-03-2017_TIJ_14AA.pdf 




martes, 14 de marzo de 2017

LA TORTURA, DE LA INQUISICIÓN A NUESTROS DÍAS

Por Armando Maya Castro
El potro, uno de los instrumentos de tortura más utilizados en la vigencia de la Inquisición, cayo en desuso. Sin embargo, la tortura sigue siendo una práctica utilizada por las corporaciones policíacas de varios países, México entre ellos.

Mediante un comunicado de prensa, el Sistema Universitario Jesuita instó a la Cámara de Diputados a “aprobar prontamente” la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, toda vez que la práctica se ha convertido en un problema de carácter generalizado. 

Tras señalar que “el proyecto aprobado por el Senado a finales de abril de 2016 sentó bases sólidas para la continuación de los trabajos en la Cámara de Diputados, los jesuitas señalan: “Nos preocupa que frente a la gravedad del problema, la agenda legislativa esté centrada en un proyecto de Ley de Seguridad Interior que, lejos de mejorar la situación de los derechos humanos en México, incluyendo en materia de tortura, podría profundizar los graves efectos de la militarización del país”.  

Los solicitantes piden a los diputados federales “ceñirse a las recomendaciones” que hizo el relator especial sobre tortura en el informe de seguimiento que realizó hace dos años, donde se señala que “no ha cambiado” la situación sobre esa práctica.

Los jesuitas se refieren a las recomendaciones puntuales de Juan Méndez, relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, que en abril de 2014 realizó una visita oficial a México con el propósito de disminuir los índices de tortura policiaca existentes en varios estados de la República mexicana.

En marzo de 2015, basado en la investigación que realizó en su estancia en México, el relator especial presentó ante el pleno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU su informe sobre la tortura. En él afirma que la tortura en México es una práctica generalizada, lo que causó malestar en el gobierno que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto.

Al gobierno de Peña Nieto le desagradó que Juan Méndez haya dicho que en nuestro país la tortura “ocurre especialmente desde la detención y hasta la puesta a disposición de la justicia, y con fines de castigo e investigación”, algo que negó al señalar a través de Jorge Lomónaco Tonda lo siguiente: “No puedo más que reiterar que no podemos compartir la observación de que la tortura es generalizada en el país, porque no corresponde con la realidad”. En ese tiempo, Lomónaco, representante permanente de México ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra, reiteró el compromiso del gobierno mexicano para prevenir, erradicar y sancionar la tortura, al tiempo de pedir a los relatores especiales de la ONU sustentar sus informes en “la realidad objetiva e incluyendo todos los puntos de vista”. 

Me parece interesante que el llamado a la Cámara de Diputados lo hayan hecho los jesuitas, una orden religiosa con una tradición en el campo de la educación,  pero que pertenece a la Iglesia católica, quien llegó a utilizar la tortura en la vigencia de la inquisición, instituida en 1231 a través de los estatutos “Excommunicamus” del papa Gregorio IX, con el propósito de reprimir la herejía, o lo que la Iglesia romana “etiquetaba” como tal. 

El papa Inocencio IV le imprimió a la inquisición un carácter más diabólico. El 15 de mayo de 1252, a través de la bula “Ad extirpanda”, autorizó el uso de la tortura en los interrogatorios inquisitoriales, legalizando así la tortura física que, aunque ya se practicaba en otros tribunales, era considerada ilegal y “ajena a la práctica canónica”, señala el escritor Samuel Vila.

En su obra “Estudios sobre la Inquisición”, José Antonio Escudero señala que la inquisición española hizo uso de tres procedimientos de tortura: la garrucha, la toca y el potro. De la garrucha dice: "consistía en sujetar a la víctima los brazos detrás de la espalda, alzándose desde el suelo con una soga atada a las muñecas, mientras de los pies pendían las pesas". Sobre la toca explica: "...el reo era subido a una especie de escalera, para luego doblarle sobre sí mismo con la cabeza más baja que los pies. Situado así, se le inmovilizaba la cabeza para introducirle por la boca una toca o venda de lino, a la que fluía agua de una jarra con capacidad para algo más de un litro. La víctima sufría la consiguiente sensación de ahogo, mientras de vez en cuando le era retirada la toca para conminarle a confesar". 

Finalmente Escudero se refiere al potro, “instrumento al que era atada la víctima. Con la cuerda de su cuerpo y en las extremidades, el verdugo daba vueltas a un dispositivo que progresivamente la ceñía, mientras el reo era advertido de que, de no decir la verdad, proseguiría el tormento dando otra o varias vueltas más”. 

Esperemos que el llamado de la ONU haga eco en la Cámara de Diputados, y que nuestros legisladores empiecen a hacer lo necesario para erradicar los actos de tortura que algunas corporaciones policíacas practican en sus interrogatorios, violentando así los derechos humanos de las personas que son sometidas a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Twitter: @armayacastro

sábado, 11 de marzo de 2017

VISITA PAPAL Y PEDERASTIA CLERICAL EN COLOMBIA

Por Armando Maya Castro

Momento en que el cura William de Jesús Mazo Pérez es llevado por el personal del Inpec, luego de recibir la condena de 33 años de cárcel, por abusar sexualmente en 2009 de 4 menores. El abogado de la arquidiócesis de Cali culpó a los padres de los niños de la agresión, generando todo tipo de reacciones en un país que próximamente visitará el papa (Foto: El País.com.co)

El próximo mes de septiembre, el papa Francisco visitará Colombia, un país donde la pederastia clerical ha golpeado la credibilidad de los católicos, principalmente a los de la arquidiócesis de Cali, sumida en el  desprestigio por los abusos sexuales del sacerdote William de Jesús Mazo Pérez en agravio de cuatro menores, a quienes invitó a dormir a la parroquia y les ofreció dinero a cambio de su silencio. 

El problema se agravó mediáticamente cuando el abogado de la demarcación eclesiástica acusó de “corrompidos, de viciosos y mal educados” a las víctimas inocentes. El abogado Elmer Montaña declaró que el apoderado Walther Collazos “prácticamente los señala de haber seducido al cura”, al tiempo de acusar a los padres por permitir que sus hijos quedaran bajo la custodia del cura agresor. El abogado de las víctimas denunció también que el arzobispo intentó negociar económicamente con él para que abandonara el caso.

Bajo el título “Culpa exclusiva de las víctimas indirectas”, el documento del arzobispado caleño indica que la conducta del cura Mazo Pérez “no puede mirarse de manera aislada […], debe mirar si la participación de las hoy llamadas víctimas indirectas fue la más coherente al sentido común, al llamado de la sociedad y la familia, al cuidado de los menores…”. 
Esta respuesta, que buscaba evadir el pago de una indemnización de $ 8.270 millones de pesos, generó una lluvia de comentarios, críticas y severos cuestionamientos, obligando al arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve, a ofrecer disculpas públicas por los abusos sexuales cometidos por sacerdotes, reiterando “el compromiso a observar cero tolerancia a estas conductas, denunciadas por los mismos menores, por sus padres o parientes, o por cualquier persona que las conozca”. 

Los colombianos esperan del papa un pronunciamiento firme contra la pederastia clerical, en concordancia con la carta del pasado 28 de diciembre, en la que el pontífice romano pide a los obispos del mundo custodiar a la niñez frente a los “Herodes de nuestros días, que fagocitan la inocencia de nuestros niños”. El texto, emitido con motivo de la conmemoración del día de los Santos Inocentes, señala que la inocencia de los niños ha sido “desgarrada bajo el peso del trabajo clandestino y esclavo, bajo el peso de la prostitución y la explotación”, así como por las guerras y la emigración forzada, con la pérdida de todo lo que esto conlleva. Párrafos después añade que la Iglesia católica “llora no sólo frente al dolor causado en sus hijos más pequeños, sino también porque conoce el pecado de algunos de sus miembros: el sufrimiento, la historia y el dolor de los menores que fueron abusados sexualmente por sacerdotes”. Y remata el párrafo que alude a los abusos sexuales de clérigos con una expresión desafortunada: “Nos unimos al dolor de las víctimas y a su vez lloramos el pecado. El pecado por lo sucedido, el pecado de omisión de asistencia, el pecado de ocultar y negar, el pecado del abuso de poder”. 

Quizás usted se pregunte, ¿qué razón tiene el que esto escribe para calificar como desafortunada la expresión papal? Le respondo respetuosamente: la pederastia y todo lo que contribuye a su impunidad no es pecado; es delito y debe ser sancionado como tal con todo el rigor de la ley, a fin de acabar con la amenaza que se cierne contra la niñez de hoy. Es desafortunado que a estas alturas el papa siga llamando pecado al ominoso delito de pederastia, causante del dolor y sufrimiento de miles de niños y sus familias. 


martes, 7 de marzo de 2017

EL ESTADO LAICO, OTRA VEZ EN LA MIRA

Por Armando Maya Castro
Desde la Fe, el órgano informativo de la arquidiócesis primada de México que preside el cardenal Norberto Rivera, pide renovar las relaciones de las iglesias con el Estado (Foto: El Universal).

La Iglesia católica, anhelante de reformas constitucionales que le permitan recuperar los privilegios que tuvo en la vigencia del México confesional, acaba de hacer un llamado a renovar las relaciones de las Iglesias con el Estado. 

Este domingo, en la editorial "Libertad religiosa en moderna laicidad", publicada en el semanario Desde la fe, la arquidiócesis primada de México, a cargo del cardenal Norberto Rivera Carrera, consideró que en México se vulneran los derechos humanos de los ministros de culto, esto tras señalar que “nuestro país parece quedar a la saga en materia de libertad religiosa, no obstante las recientes reformas a los artículos 24 sobre el derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y 40 sobre la condición laica del Estado mexicano”. 

El texto arquidiocesano se remonta enseguida a la reforma constitucional de junio de 2011, en la que se modificó “el régimen de garantías individuales para reconocer los derechos humanos”. Y añade: “A la luz de lo anterior, se requiere de una revisión al derecho de libertad religiosa y la actualización de la Ley de Asociaciones Religiosas que parece anquilosada”. 

Luego de criticar con severidad la prohibición constitucional para que los ministros de culto sean votados, el texto califica de absurdo el artículo 130 constitucional, que establece la separación del Estado y las iglesias, calificándolo como fruto podrido del laicismo, así como el causante de que los clérigos sean tenidos más abajo que ciudadanos de segunda. 

En materia de medios de comunicación, la arquidiócesis se muestra contraria a la cláusula limitativa asentada en el artículo 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, de acuerdo con la cual, “las asociaciones religiosas y los ministros de culto no podrán “poseer o administrar, por sí o por interpósita persona, concesiones para la explotación de estaciones de radio, televisión o cualquier tipo de telecomunicación, ni adquirir, poseer o administrar cualquiera de los medios de comunicación masiva”. 

El texto critica asimismo la negación de la objeción de conciencia, señalando que “la legislación internacional de derechos humanos reconoce, como condición indispensable de la libertad religiosa, que cualquier persona pueda argumentar razones de conciencia y de religión contra cualquier ley injusta e inmoral lesivas de sus convicciones más íntimas”. Tras este señalamiento, critica con dureza la legislación mexicana, “asida al irracional argumento que dice que nadie puede oponerse a las leyes del país, incluso si éstas arremeten contra la vida y la dignidad de las personas”.

El párrafo quinto de la editorial constituye una arremetida fuerte contra el carácter laico de la educación, pues señala que, “en ese laicismo, México vive una condición hipócrita al atentar contra el justo derecho de los padres para que sus hijos reciban educación religiosa en las escuelas. Y es hipócrita porque la ideología de género y lobby gay pretenden introducir en las aulas ideas nocivas y contrarias a las convicciones de millones en desacuerdo con esta imposición ideológica. Efectivamente, en este país no existen garantías para lograr la educación integral y libre conforme al derecho de los padres de familia”.

Como podemos observar, el objetivo de la arquidiócesis es bastante claro: lograr en tiempos electorales las reformas constitucionales que le interesan a la jerarquía católica, quien insiste en el retorno de la educación religiosa a las escuelas públicas, como ha quedado demostrado en la mencionada editorial, así como en la exposición de motivos de la reforma del artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada con lamentable desaseo legislativo el 15 de diciembre de 2011.  

Lo que en realidad debe preocuparnos son las andanzas de las y los legisladores de México, quienes en eventos pasados le han dado la espalda al pueblo de México, legislando en favor de los intereses y exigencias de un clero ávido de poder y de ejercer el control social. La preocupación crece al saber que vivimos tiempos electorales, en los que, por el interés al voto de los católicos, nuestra clase política puede echar por tierra el Estado laico y la educación que en el marco del mismo se imparte, algo que sería verdaderamente lamentable. 

Esperemos que nada de esto suceda, y que los mexicanos estemos a la altura y seamos capaces de evitar que prospere este intento de desmantelamiento del Estado laico, el único régimen jurídico que es capaz de limitar el poder de las iglesias, garantizando la libertad de conciencia y el combate de la intolerancia religiosa, así como el otorgamiento de un trato igualitario y sin privilegios a las asociaciones religiosas.

Twitter: @armayacastro

Publicado el martes 7 de marzo de 2017 en El Mexicano de Tijuana