jueves, 28 de marzo de 2013

NADIE POR ENCIMA DE LA LEY

Por Armando Maya Castro

Si los curas actúan como delincuentes, deben ser tratados como tales, con todo el rigor de la ley
 
No sé si sea cierta la afirmación de la organización católica Bishop Accountability (Rendición de Cuentas de Obispos), en el sentido de que “el papa Francisco se demoró en tomar medidas contra dos sacerdotes argentinos que fueron acusados y condenados de abuso sexual”. Lo que sí sé es que la pederastia clerical y la que es practicada por otras personas, ha ocasionado severos traumas sicológicos, frustración y muchísimo dolor en los niños que han sido víctimas de abuso sexual.

Actualmente, gracias a la cultura de la denuncia que la sociedad actual ha desarrollado en los medios de comunicación y en las redes sociales, es posible conocer no sólo el número de abusos sexuales en agravio de los niños, sino también las situaciones de encubrimiento e impunidad que rodean algunos de estos lamentables casos La cultura de la denuncia ha sido tan útil, que ayudado a disminuir considerablemente el atropello de los derechos de los niños, quienes gozan ahora de mayor protección que en el pasado.

La crisis que la pederastia clerical ha ocasionado al interior de la Iglesia católica no sólo es de credibilidad, sino también económica. Información vertida por diversos medios de comunicación en años anteriores demuestra que la pederastia ha ocasionado el desastre financiero de diversas diócesis de Estados Unidos. Ejemplo de ello son las diócesis de Boston y Los Ángeles, que intentaron comprar con dinero el silencio de las víctimas y de los familiares de éstas, además de pagar sumas estratosféricas por concepto de indemnización. 

El daño fue tal magnitud, que muchos analistas han atribuido la renuncia de Joseph Ratzinger al papado a los escándalos de pederastia sacerdotal y al Vatileaks, caso, este último, en manos ya del papa Francisco. A pocos católicos convenció la postura de cero tolerancia que el Vaticano implementó en los últimos años. La gente siguió dudando del clero católico, pese a saber que no todos los sacerdotes son pederastas.

Las ventajas que ofrece la denuncia deben ser debidamente aprovechadas. La sociedad actual no puede permitir que se siga atropellando impunemente la integridad física de los niños, tal como ocurrió en el pasado, cuando las víctimas inocentes, aparte del abuso sexual y psicológico, tenían que enfrentar con dolor y tristeza la incredulidad de sus padres, quienes daban mayor crédito a la versión de los curas pedófilos que a la de sus propios hijos.

Los padres de familia de hoy deben de enseñar a sus hijos que el abuso sexual, independientemente de quien lo perpetre, está terminantemente prohibido por nuestras leyes. Deben enseñarles que los códigos penales establecen sanciones para los pederastas, más allá de su condición social o investidura religiosa. En México, desde hace mucho tiempo, se acabaron los fueros eclesiásticos. Nuestro presidente ha sido claro al señalar que nadie, absolutamente nadie, puede estar por encima de la ley.

Los católicos exigen reformas, y que la jerarquía romana aplique a los curas pederastas algo más que normas administrativas y disciplinarias. No quieren sanciones como la que se aplicó a Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, cuyo correctivo se limitó a retirarlo de la actividad sacerdotal. Las víctimas de Maciel siguen lamentando hasta el día de hoy la protección que este depredador sexual recibió de Benedicto XVI, de Norberto Rivera y de la derecha en el poder. La sociedad exige el fin del encubrimiento y de la impunidad, y que quienes cometan estos crímenes execrables –sean o no sacerdotes– respondan ante la sociedad y no se sustraigan de la acción de la justicia.

Todos sabemos que la ausencia del Estado de Derecho y el vacío de procuración y administración de justicia coadyuvan al ensanchamiento de la impunidad en detrimento del bienestar infantil. Estará de acuerdo conmigo, estimado lector, que lo único que puede ponerle fin a estos abominables delitos es una justa y ejemplar aplicación de la ley.

@armayacastro


Artículo publicado en la edición impresa de El Mexicano de Tijuana el sábado 23 de marzo de 2013




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