UN MES ESPERADO

Por Armando Maya Castro

Hoy, finalmente, termina julio 2014, un mes que el mundo recordará como el mes en que Israel desató una ofensiva sangrienta contra el pueblo palestino de la Franja de Gaza, en respuesta a los ataques de Hamás, organización fichada como terrorista por la Unión Europea y por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Afortunadamente mañana empieza agosto, un mes que el mundo espera sea aprovechado para resolver por la vía pacífica y diplomática las demandas palestinas e israelíes. Ezra Shabot piensa –como también yo– que la única alternativa de solución al conflicto en cuestión es "la construcción de un Estado Palestino en Cisjordania y Gaza, que conviva con el Estado Judío en un reconocimiento mutuo de derechos y obligaciones cuyo objetivo sea romper con el círculo vicioso de la violencia que amenaza con permanecer indefinidamente" (El Universal, 28 de julio de 2014).

No sabemos si en agosto se logrará esto o si continuará esta guerra absurda e irracional, que ha dejado en lo que va del mes de julio más de un millar de víctimas mortales palestinas, entre ellas más de 200 niños. Lo que sí sabemos es que agosto promete ser un mes con un buen aporte para la paz espiritual, esa que no es tan anhelada por la humanidad, pero que es vital para la transformación moral de los seres humanos, un aspecto que puede contribuir a la consecución de la paz entre las personas y los pueblos.

Menciono esto porque con la llegada de agosto comienza el año nuevo espiritual para la Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de laVerdad La Luz del Mundo, una Asociación Religiosa que cuenta actualmente con cientos de miles de fieles en 45 naciones de los cinco continentes, fruto de la destacada labor evangelizadora que fieles y ministros realizan bajo las directrices del Apóstol de Jesucristo doctor Samuel Joaquín Flores.

Es agosto, justamente, el mes en que esta Iglesia celebra la Santa Convocación, la fiesta más grande de toda la tierra, que congrega en diversas sedes de la Zona Metropolitana de Guadalajara a más de 300 mil fieles procedentes de todos los estados de la República Mexicana y de los demás países de América, así como miles de delegados de África, Asia, Europa y Oceanía. El objetivo: conmemorar la Santa Cena, instituida por Jesucristo en memoria de su sacrificio redentor.

Ante las preguntas que algunas personas se formulan acerca de por qué La Luz del Mundo celebra su año nuevo espiritual en el octavo mes del año, conviene recordar que el Israel bíblico tenía –aparte del año civil– su año espiritual, establecido por mandato de Dios al profeta Moisés: “Este mes os será principio de los meses; para vosotros será este el primero en los meses del año” (Éxodo 12:2).

A partir de esta ordenanza divina, Abib dejó de ser para los israelitas el mes que ocupaba el lugar séptimo en el año y se convirtió en el primero de los meses del año, es decir, en el más importante del calendario hebreo. Se convirtió, asimismo, en el mes del memorial de liberación, donde los judíos celebraban la pascua, su festividad más anhelada, la más solemne.

Es obligado aclarar que Israel no estableció el mes de Abib como el primero del año por iniciativa propia; tampoco lo hizo con el ánimo de diferenciarse en su calendario a los demás pueblos de la tierra. Lo estableció Dios para que fuese un mes de especial celebración, el punto de partida para contar los meses del año.

Así como los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob esperaban la llegada del mes de Abib para viajar a la celebración pascual que se realizaba en la ciudad  de Jerusalén, los fieles de la Iglesia La Luz del Mundo esperan ansiosamente la llegada de agosto. Lo esperan porque saben que al comienzo del mes se elevará a Dios la oración apostólica, y que la respuesta divina a este ruego traerá consigo beneficios y bendiciones materiales y espirituales, así como la solución a sus limitaciones, impedimentos y carencias. 

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FANATISMO RELIGIOSO, AYER Y HOY

Por Armando Maya Castro

Confrontación, dolor y muerte son algunas de los males que el fanatismo religioso ha ocasionado a través de los tiempos. Los excesos y vejaciones de este abominable fenómeno han sido la causa del derramamiento de mucha sangre en todas las edades, principalmente en la sombría Edad Media, en el transcurso de la cual se estableció la inquisición y se ordenaron las cruzadas, dos de las principales vergüenzas de nuestra historia.

A pesar de los males que ocasionaron durante su vigencia, diversos apologistas han justificado la creación de la inquisición y el establecimiento de las cruzadas, empresas descabelladas promovidas y patrocinadas por la Iglesia católica con el pretexto de recuperar los lugares sagrados en poder de los musulmanes y poner fin al dolor de los católicos que vivían bajo el dominio de aquéllos.

Al grito de “Dios lo quiere”, los cruzados emplearon su tiempo y sus energías al saqueo y violencia en agravio de los musulmanes, judíos y ortodoxos. El violento ataque contra estos últimos tuvo lugar en la ciudad de Constantinopla, al comienzo de la cuarta cruzada, organizada por el papa Inocencio III. En abril de 1204, religiosos y seglares ortodoxos cayeron bajo la espada inclemente de los soldados del papa, empeorando así las complicadas relaciones entre el oriente ortodoxo y el occidente católico.

En aquel tiempo eran delitos las libertades de expresión y de pensamiento, y más si estas libertades llevaban a las personas a pensar y creer diferente al dogma católico; era delito cuestionar y poner en tela de duda la doctrina emanada de los concilios de la Iglesia romana. La inquisición persiguió no sólo este delito sino también otros delitos menores relacionados con la herejía: la blasfemia, la bigamia, la posesión de libros heréticos, etcétera.   

La remembranza de estos sucesos duele, más allá de que pertenezcan a un tiempo en que el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales era inexistente. Duele no sólo por el indescriptible sufrimiento que el fanatismo religioso ocasionó en esa época, sino porque sus excesos han sido atribuidos, injustamente, a la religión, sin que ésta sea la responsable de las prácticas intolerantes que se han cometido en nombre de Dios, la fe y  la religión.

Esta injusta atribución ha dado origen a frases y comentarios que exhiben a la religión como la causa del odio entre los miembros de las religiones. Una de ellas, de la autoría de Jonathan Swift, reza de la siguiente manera: “Tenemos bastante religión para odiarnos unos a otros, pero no la bastante para amarnos”.

Ante esta frase, y muchas otras en ese sentido, tenemos el deber de aclarar que la religión es incapaz de emitir mandamientos que fomenten el odio entre los miembros de las religiones. Las enemistades y odios entre éstas son el resultado de la incorrecta interpretación de las enseñanzas de un Dios que es amor y, por lo tanto, incapaz de ordenarle a los hombres que se odien y destruyan entre sí.

Lo que sucede actualmente en la Franja de Gaza –donde se libra un conflicto religioso y territorial– es un acto criminal, no sólo de los israelitas en contra de los palestinos, sino de éstos contra aquéllos. Condeno enérgicamente los actos terroristas de Hamás contra Israel, así como la respuesta violenta de éste contra los palestinos. En mi opinión, nadie en su sano juicio puede ponderar la insensatez e insensibilidad de las autoridades israelíes ni la de los dirigentes de la organización palestina islámica que controla la Franja de Gaza. El fundamentalismo de Hamás y las feroces embestidas de Israel han ocasionado en los últimos 20 días la muerte de más de mil personas, entre ellos 192 niños.

Nada, ni siquiera la religión, pueden justificar la barbarie que se vive en Palestina, donde un elevado porcentaje de palestinos y judíos desean el cese del conflicto para poder vivir en paz. Repruebo, como muchos, la masacre del ejército israelita en agravio de los palestinos, pero también las brutales acciones terroristas de Hamás. Estoy convencido que, más allá de las diferencias, del territorio y de la religión, esta región del mundo merece vivir libre de ataques terroristas y de las acciones criminales que han tenido lugar en las últimas semanas.

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EL FIN DE UNA LEY QUE CRIMINALIZA LA PROTESTA

Por Armando Maya Castro

Rafael Moreno Valle, creador de la represora Ley Bala, al lado del Enrique Peña Nieto, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

La Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales en Puebla, mejor conocida como Ley Bala, cobró ya su primera víctima mortal en el estado de Puebla, “gobernado” por Rafael Moreno Valle, uno de los aspirantes panistas a la Presidencia de la República.

Se trata del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, de 13 años de edad, quien resultó herido en la cabeza por un proyectil de goma durante el violento enfrentamiento que se libró entre pobladores de San Bernardino Chalchihuapan y elementos de la Policía Estatal, el pasado 9 de julio.

Ese día, un grupo de personas de dicho poblado realizaron un bloqueo en la autopista Puebla-Atlixco, en protesta por la falta de servicios del Registro Civil. El desalojo y la violenta intervención policíaca se realizaron bajo la aplicación de la Ley Bala, aprobada por la LIX Legislatura el 19 de mayo de este año.

El deceso del niño de Chalchihuapan, quien permaneció 10 días en agonía en el Hospital General Sur, ha generado un sinnúmero de reacciones en todo el país, pero principalmente en el estado de Puebla, donde un grupo de ciudadanos creó una petición para llevar a juicio al gobernador Moreno Valle, por “brutalidad policíaca” y por la utilización de balas de goma durante el desalojo ocurrido en el tramo carretero ya mencionado, que dejó un saldo de 70 pobladores heridos.

Las fotografías que han circulado en la prensa y en las redes sociales, así como un video publicado por la diputada federal Roxana Luna Porquillo, demuestran la gravedad de la lesión de José Luis Alberto. Elia Tamayo, madre del menor, dio a conocer a los medios de comunicación que interpondrá una denuncia penal contra Moreno Valle Rosas por el asesinato de su hijo.

Esta madre desconsolada y presionada por las autoridades para que firmara “una declaración distinta a la de los hechos”, insiste en responsabilizar a los policías de la herida que le causó la muerte a su hijo, explicando que ni ella ni su hijo participaron en la manifestación dispersada por los granaderos, como han intentado hacerlo creer las autoridades de esa entidad. Ese día ambos regresaban de la escuela, “ya que la madre decidió ir por el niño antes del horario de salida al darse cuenta de la movilización policiaca”.

La Ley Bala, que en breve será derogada por el mismo Congreso que la aprobó, es un instrumento creado para reprimir e inhibir las marchas y el derecho constitucional de libre manifestación; permite el uso de armas letales en caso de que los policías consideren que sus vidas o la de terceros están en peligro durante la disolución de las marchas, protestas y manifestaciones. Es, en síntesis, una normativa represiva, que criminaliza la protesta y atenta contra los derechos a la vida y a la libertad de expresión de las personas.

Es lamentable que haya tenido que ocurrir una desgracia de esta magnitud para que el gobernador poblano enviara al Congreso local una iniciativa de reforma para abrogar la represora ley. Esto ocurre después de que el pasado 16 de julio el Juzgado Cuarto de Distrito concediera la suspensión definitiva de dicha ley para dos personas que presentaron juicios de amparo.

Hay quienes afirman que la Ley Bala no sólo mató al niño José Luis Alberto, sino también las aspiraciones presidenciales de Moreno Valle. En lo personal no me atrevería a afirmar lo anterior, menos en un país con una sociedad amnésica como la nuestra, fácil de convencer a través de mítines, debates, carteles, eslóganes, sonrisas, apretones de manos, besos a bebés y compromisos firmados ante notario público. No se necesita una búsqueda exhaustiva para encontrar ejemplos que demuestran que aquí, en nuestro querido México, una buena campaña publicitaria es capaz de sepultar los antecedentes negativos de algunos de nuestros políticos.

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NELSON MANDELA

Por Armando Maya Castro

Ayer se celebró en todo el mundo el Día Internacional de Nelson Mandela. Esta celebración fue  aprobada el 10 de noviembre de 2009 a través de la Resolución A/RES/64/13, emitida por la Asamblea General de Naciones Unidas en reconocimiento a las aportaciones de Mandela a la cultura de la paz, la igualdad y la libertad.

Este abogado y político sudafricano nació "el 18 de julio de 1918 en Mvezo, una diminuta aldea en la ribera del río Mbashe, en el distrito de Umtata, capital del Transkei", ubicado a “unos mil doscientos kilómetros al este de ciudad de El Cabo y a novecientos al sur de Johannesburgo, explica Mandela en su libro El largo camino hacia la libertad. La autobiografía de Nelson Mandela.

En 1962, por su férrea lucha contra el apartheid (régimen de segregación racial impuesto en 1954 por el gobierno del antes pastor protestante Daniel François Malan), Mandela fue arrestado y encarcelado. El 12 de junio de 1964 fue condenado a cadena perpetua bajo los cargos de sabotaje y terrorismo, entre otros. Se convirtió así en el prisionero número 46664.

El apartheid emitió leyes para segregar oficialmente a cada individuo de acuerdo a su raza: “privaba al total de la población negra de todo derecho político: no podían votar, ni ocupar un puesto político ni sindicalizarse, y no tenían derecho a la libertad de reunión. Los negros debían vivir en áreas segregadas racialmente, recibían salarios discriminatorios, no podían casarse con blancos, ni ser jefes de ellos, debían asistir a escuelas separadas e inferiores, debían usar baños separados, entradas diferentes, debían comer en restaurantes diferentes y se les prohibía socializar con blancos", explica Manuel G. Velasquez en su obra Ética en los negocios: conceptos y casos.

Virgilio Postigo Cubo señala que sus 27 años de prisión lograron para la causa de Mandela “el apoyo de gran parte de la comunidad internacional, que le convirtió en un símbolo de la lucha contra el 'apartheid' y la discriminación racial". Muchos grupos internacionales firmaron peticiones e hicieron marchas exigiendo la liberación de quien se convirtió en todo un héroe nacional.

En un intento por acabar con la impresión que la comunidad internacional tenía del gobierno blanco que oprimía a los negros en Sudáfrica, Nelson Mandela recibió el ofrecimiento de su libertad, siempre y cuando aceptara ser extraditado al bantustán de Transkei, al que el régimen segregacionista había concedido una ficción de independencia. Mandela “se negó diciendo que aceptar esa condición significaría reconocer la existencia de Transkei como jurisdicción independiente de Sudáfrica”.

En sus años de reclusión, meditó profundamente en la complicada situación de los negros en Sudáfrica y en la forma en que debía resolverse: “Siempre supe que en lo más profundo del corazón humano hay misericordia y generosidad. Nadie nace odiando a otra persona por razón de su piel, de su origen, de su formación o de su religión. La gente aprende a odiar, y si los hombres y mujeres pueden aprender a odiar, también pueden aprender a perdonar y a amar. El amor es más natural al corazón humano que su opuesto, el odio. Incluso en los momentos más horrorosos en prisión, cuando mis compañeros y yo éramos empujados al vacío, podía ver un atisbo de humanidad en los guardianes. Quizá sólo un segundo, pero era suficiente para confiar en la bondad del ser humano", escribió Mandela en la obra arriba mencionada.

En 1990, a los 61 años de edad, salió de la cárcel sin rencores y prosiguió su lucha en defensa de los derechos humanos de las mujeres y hombres segregados. Inició una serie de acercamientos y conversaciones con el gobierno para reformar la Constitución sudafricana que prohibía el voto a los negros.

Mandela fue elegido presidente de Sudáfrica en 1994, cuatro años después de su liberación. Su triunfo fue festejado a lo grande por el pueblo sudafricano, cuya admiración por Mandela creció al ver la puesta en marcha de una política de reconciliación nacional, absteniéndose de cobrar venganza de quienes lo privaron de su libertad por más de un cuarto de siglo.

La ONU, que ordenó la celebración del Día Internacional de Nelson Mandela, el 18 de julio de cada año, tuvo una destacada actuación durante la criminal vigencia del apartheid. En 1962 pidió a los Estados Miembros romper relaciones diplomáticas y económicas con Sudáfrica, además de establecer el Comité Especial contra el apartheid. En 1965 aprobó la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. En 1973 aprobó la Convención Internacional sobre la represión y el castigo del crimen de apartheid. En 1976 aprobó el Programa de Acción contra el apartheid y exhortó a gobiernos, organizaciones y particulares a que ayuden a erradicarlo.

El Día Internacional de Nelson Mandela, que se celebra en el aniversario de su nacimiento, es el mejor homenaje que puede rendirse a un líder que combatió firmemente los prejuicios raciales y dedicó sus esfuerzos al servicio de los sudafricanos y de la humanidad, contribuyendo a la creación de una Sudáfrica no racial y democrática.

A 86 AÑOS DEL ASESINATO DE OBREGÓN

Por Armando Maya Castro

Hoy, hace 86 años, fue asesinado el general Álvaro Obregón Salido, en ese tiempo presidente electo de México. El magnicidio fue perpetrado en el restaurante La Bombilla, de San Ángel, sitio al que Obregón asistió para celebrar el triunfo electoral que le aseguraba un segundo mandato presidencial.

Mientras que el oriundo de la hacienda de Siquisiva, Sonora se disponía a tomar sus alimentos, el cristero José de León Toral se acercó y, tras distraerle mostrándole las caricaturas que él mismo había hecho de algunos de los asistentes, sacó una pistola que descargó en la espalda de Obregón, quien cayó de bruces sobre su propio platillo. La muerte fue instantánea; no hubo tiempo de prestarle auxilio médico.

Este magnicidio tuvo lugar en plena cristiada, conflicto armado “que enfrentó [entre 1926 y 1929] a los gobiernos postrevolucionario de Plutarco Elías Calles y Obregón con la Iglesia católica y que costó al país alrededor de 70 mil muertos, la caída de la producción agrícola y la emigración de 200 mil personas”, escribe Rossana Reguillo en el libro Narraciones anacrónicas de la modernidad: melodrama e intermedialidad en América Latina.

Ocho meses antes, el ingeniero Luis Segura Vilchis, miembro de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa (LNDLR), había intentado asesinar a Obregón lanzando tres bombas de dinamita contra el coche de éste. Antes de que fuera detenido, el autor del atentado informó a Miguel Palomar y Vizcarra, vicepresidente de la LNDLR, que las órdenes se habían cumplido, pero que “debido al desajuste de los niples, las bombas habían fallado y que, al huir, Nahum Lamberto Ruiz había sido herido”. Aparte de éste, la policía detuvo en plena huida a Juan Tirado, uno de sus cómplices.

Las pesquisas policiacas lograron la localización y detención de Segura Vilchis, quien negó –al momento de su detención– haber participado en el atentado, presentando como prueba un boleto para la corrida de toros. Esta coartada convenció a todos de su inocencia, incluso al propio Álvaro Obregón. Sin embargo, al ser detenidos el sacerdote Miguel Agustín Pro y su hermano Humberto, el ingeniero se declaró culpable único del delito: “Yo asumo toda la responsabilidad moral y material del atentado dinamitero, del que fui director”, dijo.

El 23 de noviembre de 1927, el inspector Roberto Cruz mandó fusilar a todos los implicados, incluidos los hermanos Pro. La Iglesia católica sostiene desde entonces la inocencia del sacerdote Miguel Agustín Pro, a quien el papa Juan Pablo II beatificó en 1988, sin que tribunal alguno haya declarado su inocencia.

José de León Toral, a la semejanza de Segura Vilchis, no actuó sólo. Días antes de su criminal acción, sostuvo una conversación con la abadesa María Concepción Acevedo y de Llata, mejor conocida como la madre Conchita. El comentario de Toral a la “religiosa” fue este: “Acabo de oír un comentario en un tranvía: que un rayo fue el que mató al aviador [Emilio] Carranza y que fue castigo del cielo. ¡Cómo ese rayo no lo mandó Dios a Obregón o Calles!”. La monja le respondió: “Pues eso Dios lo sabrá, lo que sí sé es que, para que se componga la cosa, es indispensable que mueran Obregón, Calles y el patriarca Pérez”.

La Star automática calibre 32 con que Toral asesinó a Obregón fue bendecida por el jesuita José Aurelio Jiménez, quien se defendió en todo momento afirmando que cuando bendijo la pistola ignoraba el uso que el homicida le daría. El proceder de este sacerdote, de la madre Conchita y de todos quienes empuñaron las armas durante el conflicto cristero, fue totalmente opuesto al apacible proceder de Jesucristo, quien enseñó a los suyos que es más grande e importante la paz y el amor que la violencia y el poder destructivo de las armas.

En concordancia con el ejemplo y enseñanza de Jesucristo, los apóstoles enseñaron a los creyentes que es necesario seguir la paz con todos, incluso con los enemigos de la Iglesia, explicando a los fieles que la búsqueda de la paz implica alejarse de la guerra y no prestarse para bendecir armas cuyo uso es abominable ante los ojos de Dios, ya que se usan para dañar la integridad física de las personas que por mandato divino debemos amar.

Durante la Guerra Cristera, como ocurrió también en las cruzadas, el clero católico le restó valor e importancia al mandamiento bíblico “no matarás”. Si lo duda, analice usted lo que el 27 de marzo de 1927 escribía el arzobispo José Mora y del Río a Emeterio Valverde, obispo de León, Guanajuato: “Por aquí estamos todos muy optimistas respecto al resultado próximo de la actual contienda y éstos [los revolucionarios callistas perseguidores] mismos se consideran imposibilitados para sostenerse, pero oponen resistencia tenaz. A los soldados el grito de Viva Cristo Rey les causa tal efecto que dicen no poder disparar sus armas, de modo que lo que alienta a los heroicos defensores amilana a los contrarios”.

Leyó usted perfectamente bien, estimado lector. Los prelados mexicanos se sentían “optimistas” del uso de las armas y del resultado de la guerra. Para ellos no era lamentable que durante los enfrentamientos los soldados callistas se abstuvieran de abrir fuego contra quienes consideraban protectores de la Iglesia de Cristo y defensores de una noble causa. No creo equivocarme al afirmar que la enseñanza cristiana reprueba las criminales acciones cristeras, el optimismo de la jerarquía católica y el asesinato de Toral y sus cómplices. 

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DISCRIMINACIÓN ÉTNICA Y RELIGIOSA

Por Armando Maya Castro

En México, algunas mujeres son discriminadas por su género, por su condición étnica y por su credo. Urge poner fin a esta triple discriminación, causante de dolor y sufrimiento

El fenómeno de la discriminación que sufren los pueblos indígenas de nuestro país se remonta al tiempo de la Conquista de México, empresa que fue consumada por Hernán Cortés y sus tropas en nombre del rey Carlos I de España, entre los años 1519 y 1521.

Desde entonces, los grupos indígenas de México empezaron a recibir de los expedicionarios al mando de Cortés un trato cruel y discriminatorio. Aparte de sufrir el ilegítimo despojo de sus tierras y recursos, comenzaron a ser vistos por los conquistadores como enemigos y seres inferiores. Trato similar recibieron tiempo después de parte de los advenedizos europeos, emigrantes peninsulares y funcionarios reales, quienes se disputaban entre sí los bienes de México en detrimento de los grupos indígenas, los verdaderos dueños de aquellas riquezas.

Este arbitrario despojo de sus tierras y bienes fue legalizado 25 años antes de la llegada de Cortés por el papa Alejandro VI. El 13 de mayo de 1493, a través de la bula Inter caetera, el impúdico Rodrigo Borgia "declaró pertenecientes a Castilla las islas descubiertas por Colón en el camino hacia las Indias Orientales". Un día después emitió la bula Inter caetera II, declarando "como línea de demarcación el meridiano que pasa a 100 leguas al oeste de las Islas Azores y Cabo Verde (archipiélagos portugueses en el Atlántico). Las islas y tierras descubiertas al occidente de esa línea y mediodía pertenecerían a los Reyes Católicos”, escribe Julio Ricardo Castaño Rueda en su libro Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, historia de una tradición.

Las “bulas alejandrinas” o “donaciones apostólicas” –como se les conoce– cedieron las tierras descubiertas a los reyes de España y Portugal. El principal beneficiado fue España, a quien el papa, de origen español, entregó prácticamente todo nuestro continente. ¿Pero cuál fue la condición que impuso el papa a los monarcas de España y Portugal a cambio de la donación de las tierras que nunca fueron de su propiedad? La condición de Alejandro VI fue que estos monarcas realizaran en América una actividad “cristiana”, consistente en imponer el catolicismo a los habitantes de las tierras “donadas”.

Estas bulas inauguraron una era de atropellos a los derechos humanos, caracterizada por los saqueos, las usurpaciones, la discriminación, los etnocidios y las imposiciones en perjuicio de los grupos indígenas. Y no podía ser de otra manera ya que los conquistadores y frailes católicos entraron a México con la espada desenvainada, decididos a destruir, con lujo de violencia y métodos anticristianos, todo vestigio de la religión  y cultura indígenas.

El testimonio de Cristián Gómez sobre la inhumana forma en que se llevó a cabo la conquista de México es verdaderamente espeluznante: “La conquista fue despiadada y cruel con los indios, quienes eran tratados peor que esclavos pues se les marcaba con hierro candente, se les dejaba morir de hambre, se les forzaba a trabajar en las minas donde morían por los derrumbes, sufrían enfermedades traídas por los blancos; se les cargaba como bestias, se les azotaba, se les destronaba con perros amaestrados, se les quemaba vivos, se les robaba a sus mujeres, a sus hijos y se les despojaba de sus tierras…” (Cristian Gómez, Tinieblas en el Vaticano, Posada, México, 1993, p. 165).

Hoy por hoy, la discriminación contra los grupos indígenas está más viva que nunca en varios estados de la República mexicana. Prueba de ello es la insatisfacción de las demandas de los pueblos indígenas por parte de las autoridades de gobierno, así como el abandono de estos grupos por parte de las instituciones públicas.

Aparte de esta discriminación hay otra que golpea con severidad a los indígenas que, haciendo uso de sus derechos, decidieron abandonar el catolicismo para abrazar otro credo religioso. Me refiero a la intolerancia religiosa que se encuentra en decenas de comunidades indígenas de Chiapas, Oaxaca y Puebla, así como en el estado de Guerrero, donde un grupo de indígenas del municipio de Cochoapa El Grande se quejaron de la intolerancia religiosa que sufren en su comunidad, sólo por profesar una religión distinta a la católica.

“Este problema lo venimos sufriendo desde el 2009, cuando nos quemaron nuestra iglesia y golpearon a varios de nuestros hermanos cristianos. En ese entonces nos ayudó el subsecretario de asuntos religiosos del gobierno estatal y las cosas se tranquilizaron un poco”, declaró Bonifacio Ortiz Vázquez a Enrique Villagómez, corresponsal de El Financiero en esa zona del país.

Los indígenas afectados señalaron al diario antes mencionado que “se encuentran segregados del resto de la comunidad católica, al grado de que no pueden ni siquiera sepultar a sus muertos en el panteón municipal y los niños son víctimas constantes de burlas y agresiones por parte de sus maestros y los maestros no dicen nada”.

Estos actos de bullying y discriminación son totalmente detestables; pero lo son más cuando prácticas de esta naturaleza son perpetradas por quienes han sido discriminados de por vida por su situación autóctona. Conociendo el sufrimiento que ocasiona la discriminación, los grupos indígenas católicos deberían de actuar con respeto a la ley y a la diversidad religiosa, absteniéndose de discriminar a los miembros de sus etnias que han resuelto abandonar el catolicismo para profesar otro credo.

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VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Por Armando Maya Castro

Urgen medidas para detener la violencia contra las mujeres de México

En visita no oficial a México, Rashida Manjoo, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Violencia contra la Mujer, hizo un llamado al Estado mexicano a rendir cuentas del combate a la violencia contra las mujeres y acabar con la impunidad imperante.

Durante su participación en un foro realizado el pasado jueves en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde dictó la Conferencia Magistral Estándares Internacionales para Prevenir y Sancionar la Violencia Contra las Mujeres, la relatora sudafricana recordó que los gobiernos tienen la responsabilidad de abatir la impunidad que cubre los casos de violencia en agravio de las mujeres.

Al referirse al tema de la rendición de cuentas del combate a la violencia contra las mujeres por parte del Estado, Rashida Manjoo alertó: “Si la rendición de cuentas no es la norma, el mensaje a la sociedad es que la violencia contra las mujeres está bien; normaliza la violencia como parte de la cultura”.

Para erradicar este tipo de violencia y la impunidad que le acompaña es esencial que las autoridades investiguen y procesen eficazmente en los tribunales nacionales los crímenes de violencia contra las mujeres, especialmente los crímenes de violencia sexual.

El incremento de estos casos evidencia que los responsables de la procuración y administración de justicia no han cumplido debidamente su deber de investigar y sancionar conforme a la ley las agresiones que sufren las mujeres de México.

Las autoridades de nuestro país deben recordar que la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979) instó a los estados firmantes –entre ellos México– a establecer medidas legislativas y de otra índole que prohíban la discriminación contra la mujer.

Aparte del anterior documento, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó en 1993 la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, donde afirma que "la violencia de género deteriora o anula el desarrollo de las libertades y pone en peligro los derechos humanos fundamentales de las mujeres, la libertad individual y la integridad física de las mujeres". Este Declaración instruye a los Estados parte a condenar toda violencia física, psicológica o moral que atente contra la vida, dignidad, integridad, libertad, igualdad y seguridad de las mujeres.

Los gobiernos federal, estatal y municipales tienen la obligación de cumplir la Convención y la Declaración antes mencionadas, creando leyes y llevando a cabo acciones orientadas a prevenir, perseguir y castigar este tipo de violencia, arraigada en varias entidades del país: Estado de México, Nuevo León, Chihuahua Guanajuato y Oaxaca, por mencionar sólo algunos.

En el caso concreto del Estado de México es importante mencionar que en los últimos años ha ido ganando terreno como una de las entidades con elevados índices de violencia contra las mujeres. Las cifras son verdaderamente preocupantes: 54 de cada 100 mujeres son víctimas de algún tipo de violencia infligida por su pareja, esto según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006 (ENDRH). Otros datos indican que de 2005 a la fecha, cerca de mil 500 mujeres mexiquenses han sido asesinadas con exceso de violencia.

En noviembre de 2013, Amnistía Internacional (AI) denunció que el Gobierno Federal no se ha atrevido a declarar una alerta de género en varios estados de la República mexicana, incluido el Estado de México. Esto es preocupante e indica que al gobierno mexicano le interesa más proteger su imagen pública que la integridad física y emocional de miles de mujeres que han sufrido diversos tipos de agresiones.

En diciembre de 2010, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A. C. (CMDPDH) y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio solicitaron al gobierno federal emitir una Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en el Estado de México. La solicitud fue rechazada por las autoridades federales, quienes argumentaron que detrás de la petición había motivos “político-partidistas” en contra de Enrique Peña Nieto, en ese tiempo gobernador de la entidad y aspirante a la Presidencia de la República.

La "alerta de género" implica el despliegue de un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia contra las mujeres, "investigando la problemática en la zona indicada, garantizando la seguridad de las mujeres, eliminando las desigualdades producidas por legislaciones que agravian sus derechos humanos y resarcir el daño conforme a los parámetros establecidos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos".

Las mujeres del Estado de México y de todos los demás estados de la República mexicana merecen ser valoradas y vivir una vida libre de violencia. Esto se logrará a través de acciones que contribuyan a hacer de México un país respetuoso de los derechos de las mujeres. ¿No cree usted?

Twitter: @armayacastro

Publicado en El Mexicano de Tijuana, el día 12 de julio de 2014

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LA TORTURA EN MÉXICO, UNA PRÁCTICA PERSISTENTE

Por Armando Maya Castro

El pasado 25 de junio, el presidente Enrique Peña Nieto presentó el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018, que busca proteger las garantías fundamentales y combatir la tortura, las desapariciones forzadas y la trata de personas, prácticas que en la administración de Felipe Calderón Hinojosa se volvieron rutinarias contra cualquier persona percibida con alguna conexión, cierta o no, con la delincuencia.

No está por demás recordar que el gobierno de Calderón Hinojosa defendió con pasión la forma en que las instituciones de seguridad enfrentaron al crimen organizado, afirmando que su sangrienta guerra contra el narcotráfico era una demanda del pueblo de México.

En noviembre de 2012, durante una reunión de trabajo con la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, expresó que el gobierno calderonista se caracterizó por el incremento en la violación de las garantías individuales: los casos de tortura crecieron 500 por ciento y aumentaron de forma exponencial las desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias.

Ese día, el ombudsman nacional pidió a las autoridades responsables someterse al imperio de la ley y ser garantes de la observancia del debido proceso y del respeto a los derechos de libertad, intimidad, privacidad e inviolabilidad del domicilio.

En el caso específico de la tortura, Plascencia Villanueva señaló: “Es un tema tan dramático como que en 2005 la CNDH registró un caso de tortura y unos 400 de tratos crueles; sólo en 2011 se registraron 2 mil 40 casos, esto es un 500 por ciento más”.

Entiendo perfectamente bien que los casos de tortura de esa administración, perpetrados por las distintas corporaciones policiacas y por algunos miembros del Ejército Mexicano, no son responsabilidad única del gobierno, sino también de nosotros como sociedad, pues, sabiéndolo, lo permitimos en aras de esa pretendida seguridad que parecía justificarlo todo.

La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes define la tortura como “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia” (http://www2.ohchr.org/spanish/law/cat.htm).

Todos sabemos que la tortura no es una práctica reciente. Fue utilizada desde épocas muy remotas por la mayoría de los pueblos de la tierra; empleada en algunas naciones católicas que establecieron el tribunal de la inquisición con el propósito de erradicar las doctrinas religiosas que la Iglesia católica calificaba como herejes, utilizando métodos crueles para conseguir la confesión de los herejes y/o de los protectores de éstos.

Pero no hay necesidad de ir a la Edad Media ni al sexenio de Felipe Calderón para encontrar la tortura, pues ésta tiene presencia actual en varios estados de la República mexicana. Hoy por hoy, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango investiga alrededor de 25 quejas de tortura en esa entidad. Se trata de casos actuales, que se han presentado en lo que va del presente año y en contra de autoridades policiacas de esa entidad. Casos de tortura se han registrado también en el Distrito Federal, Guerrero, San Luis Potosí, Campeche, Jalisco, entre otros estados de la República.

A pesar de las acciones gubernamentales y de las que realizan las personas y organismos dedicados a la defensa de los derechos humanos, la tortura no ha logrado ser erradicada de nuestro país. Así lo revelan los casos de tortura en diferentes estados de la República, así como los temores de miles de mexicanos que han sido consultados sobre el tema.

Amnistía Internacional informó que entre diciembre del 2013 y abril del 2014 entrevistó presencial o telefónicamente a un total de 21,221 personas en 21 naciones. Los números arrojaron que los países donde el temor a la tortura está más elevado son Brasil, con un 80%, seguido de México, donde el 64 por ciento de las personas entrevistadas respondieron no sentirse a salvo de la tortura si las pusieran bajo custodia (Ana Langner/El Economista, 13 mayo, 2014).

México, como país signatario de la Convención de Ginebra –que prohíbe el trato cruel, la tortura y el ultraje a la dignidad personal de los presos– está obligado a hacer mucho más para erradicar la tortura; deberá hacerlo con apego a la ley y privilegiando el respeto a los derechos humanos. 

Twitter: @armayacastro

LA EXTREMA DERECHA EN JALISCO

Por Armando Maya Castro

El PAN se deslindó del grupo neonazi Movimiento Nacionalista Mexicano del Trabajo, creado presuntamente por tres jóvenes panistas: Juan Barrera Espinosa, Diego Armando Duarte Flores y Sebastián Sánchez Armas

El neonazismo es la corriente que trae a la actualidad la ideología del nazismo, movimiento político-racista que surgió en la década de los años treinta y cuyo principal mentor fue Adolfo Hitler, quien “basó el nazismo en tres aspectos: a) militarismo agresivo que buscaba la expansión del gobierno alemán para aprovechar los recursos de otros países, b) antisemitismo, o sea el odio a los judíos, que fueron asociados al concepto biológico de patógeno mediante el lema Juden-Läuse-Fleckfieber ("Los SS debemos ejecutar esta orden. Si no la ejecutamos los judíos destruirán al pueblo alemán", Heinrich Himmler en comunicación a Höss sobre los campos de exterminio masivo) y c) la creencia de la superioridad racial de los alemanes de origen ario..." (Julián Monge Nájera, Introducción al estudio de la naturaleza: Una visión desde el trópico, EUNED, 1991, p. 229).

En Alemania, desde hace algunas décadas existe una creciente preocupación por las maniobras de los grupos neonazis de extrema derecha, quienes han encontrado en el Internet la plataforma ideal para propagar sus ideas y su odio racial. Con el propósito de impedir el avance de quienes se inspiran en una ideología que logró transformar las raíces de la cultura alemana en valores racistas incomprensibles, el gobierno alemán presentó el pasado martes un nuevo programa para combatir a la ultraderecha, dotado con 30.5 millones de euros que serán desembolsados durante los próximos 15 años (Milenio, 1 de julio de 2014).

Al escribir sobre los grupos neonazis alemanes, el escritor Robert Ambelain asienta en su libro Los arcanos negros de Hitler: "Inspirándose en lo que hizo Adolf Hitler antes de la muerte de Hindenburg, los neonazis avanzarán poco a poco y sin violencias excesivas, accediendo insensible y aun discretamente a puestos de responsabilidad gubernamental".

Los peligrosos grupos neonazis operan también en México y emplean estrategias y un modus operandi similar al de la extrema derecha alemana, procurando posiciones importantes en diversos cargos públicos. La periodista Sanjuana Martínez ve en los orígenes del Partido Acción Nacional (PAN) "una semilla del nazismo; un elemento ideológico que ha estado presente en algunos de sus integrantes y que en la actualidad vive un resurgimiento".

La autora de La cara oculta del Vaticano refiere que “desde la fundación del PAN en 1939 con la participación de cristeros, la Unión Nacional Sinarquista, unida con la Iglesia Católica y la falange Española de las JONS, lograron incrustar en ese partido una serie de principios ideológicos fascistas, cercanos al nacionalsocialismo fundado por Adolfo Hitler y que aún perduran”. Señala, además, que “en 1941 fueron desclasificados por la Marina de Estados Unidos documentos que ofrecen los detalles de la relación con los nazis, sinarquistas y miembros de la jerarquía católica” (Contralínea 324 / marzo 2013).

Lo más reciente del tema involucra a varios jóvenes panistas de Jalisco, quienes crearon –en noviembre de 2013– el Movimiento Nacionalista Mexicano del Trabajo, liderado por Juan Barrera Espinosa. Se trata de una organización con ideología neonazi cuyo propósito principal es “proteger a las familias tradicionales, a la religión católica-cristiana, a los micro, pequeños y medianos empresarios y reescribir la historia por medio del revisionismo”.

Desde que se tuvo conocimiento de la existencia de este grupo, varios políticos del panismo tapatío y nacional han opinado sobre el tema. Luis Felipe Bravo Mena, ex embajador de México ante el Vaticano, hizo las siguientes declaraciones al diario El Universal: "A un militante, ni por asomo se le ocurriría incurrir en este tipo de expresiones políticas. Eso habla de un grave problema que tiene el PAN, que se han debilitado los mecanismos de formación verdadera de los jóvenes".  Por su parte el senador José Rosas Aispuro dijo que "los neonazis a todas luces son una expresión que de ninguna manera puede tener espacio en un partido que postula la democracia, y sugirió que se lleve a cabo una investigación" (El Universal, 3 de julio de 2014).

Barrera Espinosa reconoció abiertamente y con orgullo su pertenencia al blanquiazul: “nací panista y creo que moriré panista”. Acción Nacional hizo bien en deslindarse del presunto líder del grupo nazi jalisciense, quien dijo en defensa suya y de sus compañeros involucrados: “todo fue un juego de niños”. Las investigaciones y el tiempo demostrarán si realmente todo fue un juego infantil o si se trata de un grupo que planeó actividades violentas, racistas y xenófobas, prácticas características de los grupos que se fundamentan en ideologías nacionalistas con una fuerte carga de violencia.

PEDERASTIA CLERICAL Y ENCUBRIMIENTO

Por Armando Maya Castro

Por mandato papal, miles de curas pederastas fueron protegidos por sus superiores

Enérgica. Así ha sido la condena de la sociedad a los casos de pederastia clerical perpetrados por miles de sacerdotes católicos a lo largo y ancho del mundo, entre los que sobresalen –por su cantidad y gravedad– los crímenes de los curas Marcial Maciel Degollado, Nicolás Aguilar Rivera y Eduardo Córdova Bautista, los pederastas más peligrosos en la historia de la Iglesia católica mexicana de los últimos tiempos.

Estos casos nos han llevado a centrar la atención en los autores de estos delitos execrables, sin tomar en cuenta que existen documentos pontificios que ordenan la secrecía de los casos de abuso sexual a la justicia civil bajo pena de excomunión, aspecto que favorece la multiplicación de los casos de pederastia y la impunidad de los mismos.

A través de la instrucción Crimine solicitacionis (“Delito de solicitación”), emitida por la Sagrada Congregación del Santo Oficio –hoy “Congregación para la Doctrina de la Fe”–, el Vaticano ordenó a "todos los Arzobispos, Obispos y otros Ordinarios locales, incluyendo aquellos de las iglesias católicas orientales", ocultar los casos de abuso sexual cometidos por clérigos de la Iglesia católica en detrimento de los derechos humanos más fundamentales, contra la vida y la integridad física de los más desprotegidos: los niños.

Este documento, cuya autenticidad fue confirmada en agosto de 2003 por representantes de la Conferencia de Obispos de Estados Unidos, fue aprobado el 16 de marzo de 1962 por el papa Juan XXIII, quien lo rubricó junto con el cardenal Alfredo Ottaviani, en ese tiempo secretario de dicha congregación.

"Algunos expertos aseguran que otros documentos mucho más antiguos hablan sobre el tema, pero el citado fue evidenciado por varios diarios importantes como The Centinel, The New York Times y por CNN, y por otros en el mundo entero", escribe Lydia Cacho en su libro Con mi hij@ no: Manual para prevenir y sanar el abuso sexual.

Tras explicar que el Vaticano reconoció la autenticidad del documento –escrito en latín y con el sello papal–, la periodista, activista y escritora mexicana explica: "El documento se centra en el abuso sexual derivado de la relación confesional entre un clérigo y un penitente, pero también se refiere a lo que califica como ‘el peor de los delitos’, concepto que comprende ‘cualquier acto externo obsceno, gravemente pecaminoso, perpetrado de cualquier manera por un clérigo, o que éste ha intentado cometer, con una persona de su propio sexo’ (numeral 71), o ‘con jóvenes de cualquier sexo o con bestias brutas’ (bestialismo, numeral 73)" (Lydia Cacho, Con mi hij@ no: Manual para prevenir y sanar el abuso sexual).

El 18 de agosto de 2003, el diario El País publicó un reportaje titulado "El Vaticano ordenó a los obispos, en 1962, ocultar los abusos sexuales". Este trabajo periodístico recogió las declaraciones de Daniel Shea, un exseminarista y abogado norteamericano que opinó así de Crimine solicitacionis: "El documento prueba que existía una conspiración internacional de la Iglesia católica para silenciar temas de abuso sexual". Shea, quien entregó el documento a The Observer, luego de haberlo remitido a las autoridades de Estados Unidos, declaró a otro medio de comunicación que el documento papal fue citado como todavía vigente en una epístola del entonces cardenal –y ahora papa emérito- Joseph Ratzinger, titulada De Delictis Gravioribus (18 de mayo de 2001).

¿Es éste el único documento vaticano orientado a proteger a los curas pederastas? Por supuesto que no. Existen otros documentos que se ocupan de la pederastia clerical y su encubrimiento, entre ellos el motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela ("Salvaguardando la Santidad de los Sacramentos"), emitido por el papa Juan Pablo II el 30 de abril de 2001. En este documento se promulgan “normativas en los casos de los delitos más graves del clero, que están –o estaban- reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe, entre ellos la pedofilia”, escribe Pepe Rodríguez en su libro Pederastia en la Iglesia católica.

El escritor español antes mencionado afirma que la normativa papal exigía “a todos los prelados y superiores de órdenes religiosas que todos los casos de abuso sexual del clero, sin excepción, [debían] ser comunicados y/o remitidos en secreto al Vaticano, que [reservaba] a su Tribunal ad hoc de la Congregación para la Doctrina de la Fe la exclusividad de conocer y decidir, en última instancia, sobre estas conductas delictivas” (Pepe Rodríguez, Pederastia en la Iglesia católica, Barcelona, Ediciones B, 2002, p. 327).

Otra sería la historia y las cifras de pederastia clerical en la Iglesia católica si el Vaticano se hubiera abstenido de formular este tipo de documentos. Habría pederastia –pues ésta ha estado presente en esa institución a lo largo de su historia–, pero no habría elementos claros para criticar a sus máximos jerarcas de la política de encubrimiento que tanto daño le ha hecho a la niñez católica.

Twitter: @armayacastro

http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/s2781.htm