DESAPARICIONES
FORZADAS
Por Armando Maya Castro
Hoy es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas,
declarado como tal mediante la Resolución 65/209, aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, el 21 de diciembre de 2010.
¿Pero qué es una desaparición forzada? La “Declaración sobre la
protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas”,
proclamada por la Asamblea General en su resolución 47/133, el 18 de diciembre
de 1992, señala que se producen desapariciones forzadas siempre que “se
arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que éstas
resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes
gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por
particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o
indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar
la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la
libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley”.
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones
Forzadas, conviene que nos preguntemos: ¿cómo estamos en México en la materia?
Dejemos que nos lo diga la Oficina en México del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas (OACNUDH), quien aseguró, a finales de agosto del año 2014, que
nuestro país enfrenta una situación crítica en materia de desaparición de
personas. El organismo en cuestión se refirió no sólo a las desapariciones que
han tenido lugar en el sexenio actual y en el anterior, sino también a las
desapariciones forzadas que se produjeron en los años 60, 70 y 80, casos que
siguen sin esclarecerse y, lo que es peor, en la más completa impunidad.
Tan mal estamos en la materia que, hoy por hoy, México no cuenta con una
base de datos confiables y actualizados que nos permitan determinar el número
de desapariciones forzadas “imputables a las autoridades del Estado y
distinguirlos de aquellos que son responsabilidad de particulares”, señaló el
27 de agosto de 2015 el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH), Luis Raúl González Pérez.
Los números son altamente alarmantes: en la administración de Felipe
Calderón Hinojosa fueron documentadas alrededor de 12 mil 500 desapariciones
forzadas. Las cosas no han mejorado en el actual sexenio, en el que, de los 23
mil 605 casos de desapariciones documentadas en el Registro de Personas
Extraviadas, el 40% corresponden a la administración de Enrique Peña Nieto,
advirtió hace unos meses el dictamen de la Cámara de Senadores.
Respecto al tema, Amnistía Internacional (AI) acusa al gobierno federal mexicano
de “mantener el empleo de las desapariciones forzadas, con el propósito de
perseguir a minorías étnicas o de acallar y disolver a grupos opositores a sus
objetivos”. Este proceder ilegal viola varios tratados internacionales de los
que México es parte, que imponen la obligación de tomar medidas legales,
administrativas y sociales que resulten necesarias para prevenir, sancionar y
erradicar este tipo de desapariciones.
El cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos
contribuirá a poner fin a este tipo de prácticas, evitando al mismo tiempo la
angustia e incertidumbre de los familiares de los desaparecidos. Los mexicanos
no queremos que se vuelva a repetir el drama de los padres de los 43 normalistas
de Ayotzinapa, quienes viven un sufrimiento indescriptible por no saber el
paradero de sus hijos, desaparecidos la noche del 26 de septiembre en Iguala,
Guerrero.
Todo lo que las autoridades mexicanas han hecho para poner fin a las
detenciones forzadas y a las violaciones a los derechos humanos que acompañan a
éstas, ha sido un fracaso. La anterior aseveración no es de quien esto escribe,
sino de Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado
de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Aquí sus palabras: “‘frente a
estos fracasos’, es que se han alzado familiares y colectivos de la sociedad civil,
que asumiendo enormes riesgos han levantado su voz para exigir justicia y
verdad, con el fin de que las autoridades responsables rindan cuentas y puedan
saber dónde están sus seres queridos” (La
Jornada, 01/07/2016).
Para salir de este estancamiento, los mexicanos tenemos el deber de
trabajar más y mejor en la protección de los derechos humanos, lo que nos
permitirá erradicar paulatinamente las desapariciones forzadas, un ultraje
contra la dignidad humana, que viola entre otros derechos el derecho a la
libertad, a la seguridad de la persona y a la vida.
Twitter: @armayacastro
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